Fábrica de presuntos culpables
Jesús rentó el 25 de enero una casa en el Centro de Tlajomulco. Elvia y María, una de ellas su pareja, firmaron como avales. En esa finca apareció sin vida, el 4 de febrero, el menor Eduardo Salomón, plagiado por encapuchados y luego asesinado, producto de una confusión según la autoridad.
Ayer la Fiscalía presentó a Jesús, Elvia y María como presuntos responsables ligados al crimen del menor Eduardo Salomón, acusados por el delito de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado. El juez les dictó un año de prisión preventiva. En la conferencia, el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez reconoció que la investigación sigue porque «lo primordial es dar con los responsables y con los autores materiales del hecho».
Jesús, María y Elvira. ¿Entonces ellos qué son? Presuntos culpables. El elemento acusatorio más sólido compartido por la Fiscalía estatal, además de la casa, consiste en que Jesús resguardó un vehículo usado para privar de la libertad a la víctima.
Vamos por partes. Planteo algunas preguntas sin carácter abogadil, basado sólo en el sentido común. ¿Cómo un asunto en materia civil (rentar una casa) deriva en una acusación penal ligada al secuestro y homicidio de un menor? Supongamos que el arrendatario sabía que se iba a cometer un ilícito en la finca, ¿necesariamente lo sabían las dos mujeres que firmaron como avales? ¿Se puede probar? De hecho, familiares de las dos féminas aseguran que lo ignoraban.
La vinculación a proceso de estas tres personas por desaparición y homicidio, ¿no equivale a procesar al repartidor de agua o al pizzero que llevaron un pedido a la casa? Exagero a propósito para intentar enfatizar mi punto al lector.
El caso me recuerda el magnicidio de Aristóteles Sandoval. En ese hecho, la Fiscalía se dedicó a encarcelar a los meseros del bar en donde ocurrió el homicidio, acusados de encubrimiento. Al final, todos quedaron libres. Hasta ahora, los autores materiales del crimen siguen sin pisar la cárcel.
Pero lo más preocupante, quizás, es la respuesta de Blanca Trujillo, fiscal de desaparecidos, cuestionada al respecto: «Se consideró que había elementos para llevar ante el juez a estas personas porque en la medida en que los ciudadanos sigamos, a través de una firma de un contrato, facilitándoles las cosas a la delincuencia para que opere estas fincas, van a seguir sucediendo hechos así de lamentables».
¿Entonces los ciudadanos somos los responsables de evitar que una finca se use para cometer ilícitos? ¿Qué garantía tienes de que el día de mañana no serás acusado de homicidio por firmar como aval?
Las investigaciones de la Fiscalía estatal parecen más bien enfocarse en encarcelar sin demora a algún presunto culpable que en garantizar justicia.
Una fábrica de presuntos culpables, pero sin responsables directos.