Ética periodística y ética del poder
Ayer el presidente, una vez más, gobernó para atrás y puso sobre la mesa de la discusión uno de los casos de violación de derechos más flagrante, comentados y documentados de la historia periodística de este país: el montaje de la captura de Florence Cassez e Israel Vallarta como presuntos miembros de una banda de secuestradores, hace 16 años. El presidente quiere que hablemos del pasado y no de lo que sucede actualmente. Tomémosle la palabra, pero para discutir ese asunto y otros no menos trascendentes: hablemos de ética periodística, pero también de ética del poder.
Haber transmitido aquella captura, a sabiendas de que era un montaje, fue una falta absoluta de ética periodística; nada representa un antivalor en el periodismo como la mentira y aquello fue una vulgar puesta en escena. Tanto el conductor, Carlos Loret de Mola, como la productora, Azucena Pimentel (hoy directora de Publicidad de la Presidencia de la República) han dicho que en el momento de la transmisión no sabían que se trataba de un montaje y la propia Televisa aceptó que habían transmitido en vivo información falsa. Quien pagó los platos rotos fue el reportero. Podemos creerles o no, lo cierto es que no es el único caso en que la televisora se prestó a la invención de noticias para satisfacer al poder en turno; que Carlos Loret es hoy el periodista que más información ha generado sobre la corrupción en el entorno de López Obrador y que Pimentel, la productora, sigue siendo parte del gobierno, a pesar de que el presidente había prometido, hace meses, investigar su participación en el caso Cassez-Vallarta.
Los periodistas tenemos que hacernos cargo de todo lo que hablamos y todo los que escribimos. Pero ya es hora de que también los gobernantes respondan por lo que dicen.
Los periodistas tenemos que hacernos cargo de todo lo que hablamos y todo los que escribimos. No estamos exentos de errores y los medios de este país trabajan, en general, con estándares de control de información muy reducidos en comparación con otros países. El periodismo en México tiene una histórica connivencia con el poder y muchos problemas éticos, pero sobre todo técnicos.
Pero ya es hora de que también los gobernantes respondan por lo que dicen. En nuestra cultura política al engaño se le llama astucia; a la falsedad, otros datos; al ataque desde el poder, derecho de réplica. La Comisión Federal de Electricidad reconoció que inventó el boletín sobre la quema de pastizales en Tamaulipas como explicación de los apagones en el Norte del país, y no hubo consecuencias. Se simuló un sorteo de lotería rifando un avión sin avión, y ni siquiera se entregaron los premios a las instituciones “ganadoras” y no pasó nada. Hace unos años, la entonces esposa del presidente Peña Nieto salió a decir que la “casa blanca” la había pagado con su dinero para salvarle la cara al presidente y a libró sin problema. Más atrás, Felipe Calderón sostuvo que la detención de Florence Cassez había sido legal y nunca se disculpó. Y así podemos seguir enumerando casos infinitamente.
El primer principio para una ética periodística y una ética del poder es hacernos cargo, unos y otros, de nuestras palabras.
diego.petersen@informador.com.mx