Estrategia o pacto criminal
Durante seis años, el gobierno federal y los estatales han defendido el éxito de su estrategia de seguridad con un dato contundente: el delito de robo se redujo dramáticamente en el país.
Me refiero a todo tipo de robos: a peatón, negocio, casa habitación, vehículo, motocicleta, transportistas, bancos, etcétera.
Tienen razón. La tendencia es a la baja, según se desprende del desglose estadístico del Sexto Informe de Gobierno (2018-2024).
Si consideramos cifras anualizadas y comparamos el último año de Peña (2018) con el último año completo del sexenio que recién acabó (2023), tenemos que hay una tendencia decreciente:
En cifras absolutas, los robos en todo el país descendieron 28% en el periodo 2018-2023.
En seis de las Entidades más violentas en este momento, la cifra es sorprendente:
Los delitos patrimoniales se redujeron en Chiapas 75%; en Jalisco, 50%; en Michoacán, 36%; en Guerrero, 32%; en Guanajuato, 29% y sólo en Sinaloa aumentó 5% (hasta 2022 tenía una tendencia a la baja).
¿Cómo lo lograron? Los tres niveles de gobierno se cuelgan la medalla. La mayoría atribuye el resultado a la buena coordinación. Lo cierto es que ninguno destaca por alguna estrategia extraordinaria.
Seis años más de esta política y México registrará pronto cero robos en un año. Los primeros en lograrlo serían Chiapas y Jalisco.
¿Sólo la “buena coordinación” explica las reducciones de la incidencia delictiva en robos? Si tu respuesta es sí, por favor, deja de leer esta columna aquí. Si tu respuesta es no, continúa.
Hay dos hipótesis de factores que podrían influir en esta baja. La primera apunta a la apatía cada vez mayor para denunciar y la falta de mecanismos accesibles para hacerlo.
Sin embargo, no conozco un estudio profundo que analice este problema. La cifra negra de denuncias está fuera de la discusión pública cuando se habla de incidencia delictiva.
Hay una segunda hipótesis. Cuando se constituye un estado criminal, como parte de los acuerdos, el crimen organizado establece mecanismos de “higiene social” o control de la delincuencia ordinaria.
La mafia se convierte así en regulador del hampa callejera.
Al crimen organizado le resultan más lucrativos los grandes negocios como el lavado de dinero, el trasiego de drogas o la corrupción, que un asalto esquinero. En cambio, este último afecta su pacto con el poder político.
Eso explicaría algunos episodios en donde ladrones han sido torturados –les han cortado las manos– y luego liberados como escarmiento. O la desaparición de personas a partir de la comisión de un delito “no permitido”.
Este fenómeno está documentado por estudios académicos y tiene un antecedente histórico en el mecanismo de control del crimen y connivencia que ejerció el PRI hegemónico en el siglo pasado.
Después de la transición democrática, cuando los estados y municipios, al ser de distintos partidos políticos, crearon poderes locales fácticos y sus propios acuerdos, ese mecanismo de control se pulverizó.
Si no es así, ¿de qué otra manera se explica la impresionante baja en la cifra de delitos patrimoniales?