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¿Está el Gobierno federal involucrado en terrorismo y tráfico de armas?

Es posible que el Gobierno de México esté involucrado en un asunto que tiene enorme tufo a terrorismo, y tráfico de armas. El tema no es menor, el mal olor procede de un avión iraní -que en un principio se afirmó era venezolano-; pisó territorio mexicano para luego volar a Buenos Aires, Argentina, en donde se encuentra retenido por diversas irregularidades, entre ellas, tratarse de una aeronave que se acaba de confirmar pertenece a la empresa Mahan Air, que se dedica al tráfico de armamento y traslado de personas y equipos que opera para la Fuerza Quds, la cual está sancionada por Estados Unidos por estar involucrada en actos terroristas. La aeronave además, era pilotada por un presunto terrorista, y tripulada por 5 iraníes también acusados de terrorismo y 14 venezolanos. El maloliente tema ya está en el ambiente de la Casa Blanca y muy cerca de detonar en un conflicto político con Argentina, más otros países y empresas que se compruebe tuvieron algún tipo de apoyo a esta nave, toda vez que figura en la lista como parte de los activos de Mahan Air y por lo tanto es alcanzado por las sanciones de la OFAC (Oficina del Tesoro de los EU) que sanciona y decomisa dinero y activos de personas involucradas en narcotráfico, terrorismo, lavado y delitos asociados, y siendo que el vecino país del norte desde 2019 no reconoce como gobernante legítimo a Maduro y solo trata con Guaidó, puede, si lo decide, solicitar a la Argentina le entregue el avión y a su comandante.

Para entender todo el escenario hay que decir que el polémico avión llegó el 6 de junio a Buenos Aires procedente de Querétaro, México, y debía regresar al día siguiente, pero el gobierno uruguayo, alertado por agencias de otros países que la aeronave estaba incluida en las listas negras, le prohibió el ingreso a su espacio aéreo.

La alerta alcanzó a las empresas proveedoras de combustibles y servicios de capital extranjero que están notificadas sobre las consecuencias de involucrarse con otras incluidas en esos listados, de manera que al rechazar ofrecer el servicio de combustible, el avión quedó varado en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina.

Según el periodista argentino Nacho Montes de Oca, “alguien” hizo correr la novedad que las autoridades argentinas habían dejado aterrizar al avión con un cargamento de iraníes a bordo, y para el viernes 10 de junio, la noticia se había filtrado a las redes y las autoridades argentinas no tuvieron otro remedio que “proceder”.

El 11 de junio se anunció que se le habían retenido los pasaportes a algunos tripulantes iraníes, pero no se dijo nada de la presencia de al menos un miembro de Al Quds entre ellos. Al llegar el día 12, el escándalo estaba instalado y la denuncia presentada ante la justicia.

Lo primero que se refirió del avión era que llegó el 6 de junio con una carga de autopartes contratada y enviada por una empresa extranjera a una automotriz argentina.

“Hasta ahí no había mucho más que investigar porque los papeles estaban en regla y no había otra carga según se verificó. El tema era la tripulación”, aseguró el periodista.

La primera irregularidad se detectó en torno a la tripulación, pues siendo un avión Boeing747 3B3M que necesita cinco tripulantes (piloto, copiloto, navegante y dos personas para el área de carga), aterrizó con 19 tripulantes.

Es lo primero que debieran haber notado los funcionarios argentinos. Pero al analizar los nombres, comenzaron a aparecer inconsistencias. Si bien el avión tiene matrícula venezolana, sus pilotos son iraníes, lo que despertó suspicacias.

En la lista de tripulantes aparece Gholamreza Ghasemi, cuyo nombre coincide con el que aparece en el listado de integrantes de la organización Al Quds, la guardia del estado persa dedicada a apoyar a organizaciones terroristas afines.

Ghasemi fue directivo de Fars Air Qaesm, la línea aérea usada por Irán para abastecer con armas y explosivos a diversas organizaciones pro iraníes en el exterior. Que un miembro tan prominente de Al Quds viajara en ese vuelo, despertó aún más sospechas respecto a su presencia.

El gobierno argentino habría asegurado se trataba de un homónimo, pero el jueves la embajada de Israel en Argentina no solo confirmó la identidad del terrorista sino también sostuvo que la empresa Mahan Air se dedican al tráfico de armamento, traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds iraníes, y externó su preocupación por las actividades que estas empresas están desarrollando en América Latina, toda vez que se les relaciona con el Hezbollá.

Pero hay otro tripulante que es igual de sospechoso de nacionalidad venezolana. El capitán Cornelio Trujillo Candor, quien secundó a Hugo Chávez en el intento de golpe del 92. Hasta abril de 2021 fue director de operaciones de Conviasa, la empresa que opera el avión. Un ex directivo de ese rango no tiene nada que hacer como tripulante. Y tiene licencia para pilotar aviones Embraer, no Boeing.

Ahora bien, en el historial del avión, hay muchos vuelos extraños y sospechosos; forma parte del sistema de transporte estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y opera desde un hangar adyacente a Empresa Aeronáutica Nacional en donde se ensamblan drones con tecnología iraní.

Estuvo involucrado en un oscuro tráfico de cigarrillos contratado por la compañía TABESA, que pertenece al ex presidente paraguayo Horacio Cartes y tiene por socio a Jiussara Cabral, esposa de un detenido en Brasil por narcotráfico.

También se usó para trasladar armas a Venezuela.

Diez días antes de la invasión rusa a Ucrania y cuando las tropas de Putin se amontonaban en la frontera para iniciar su ataque, esta nave fue a Bielorrusia.

La aeronave fue colocada en la lista negra de empresas asociadas con el terrorismo que prevé sanciones de EU y Europa para quienes operen directamente con esa compañía o alguno de sus aparatos.

Cabe mencionar que en caso de que la Casa Blanca pidiese a Ghazemi u otro miembro de la tripulación, o el decomiso del avión, Argentina está obligada a aceptar el trámite porque desde 2005 es para del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, convertida en Ley 26.024.

¿Cómo queda México en todo este asunto? Eso dependerá de la investigación propia que lleve el gobierno de Joe Biden.

opinión.salcosga@hotmail.com

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