Enrique Peña: ¿Hay o no pacto de impunidad?
Desde febrero de 2020 que detuvieron en España al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, tras meses de estar prófugo de la justicia acusado de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la incógnita era si de verdad se llegaría al fondo de las investigaciones y se llamaría a declarar al ex presidente Enrique Peña Nieto, cosa que dos años y cinco meses después no ha sucedido.
Ni por el caso de Agronitrogenados, una empresa en quiebra que compró Pemex a sobreprecio, ni por la trama de corrupción que reveló Luis Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, al señalar que Lozoya Austin recibió 10 millones de dólares en 2012 para la campaña electoral de Peña Nieto, entonces candidato presidencial del PRI, la Fiscalía General de la República ha citado a comparecer al ex mandatario mexicano.
La simulación en la que ha quedado este caso quedó patente hace unos días que se conoció una grabación donde el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, le pide a Emilio Lozoya padre quitar a Javier Coello Trejo como abogado defensor de su hijo, quien, curiosamente, había sido el que desde el primer momento de la aprehensión de su cliente exigió que se llamara a testificar a Peña Nieto por haber sido el principal beneficiario de la empresa brasileña.
Hoy Coello Trejo tiene demandado a Lozoya por 25 millones de pesos de honorarios que no le pagó por este caso y Gertz ha quedado cada vez más exhibido de haber pactado la extradición de Lozoya, sin que haya traducido en detenciones sus acusaciones contra el ex presidente y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hechas en agosto de 2020 de ordenarle repartir mas de 100 millones de pesos de Odebrecht para asesores electorales extranjeros que participaron en la campaña presidencial del 2012, y 84 millones obtenidos de otras corruptelas para repartir a legisladoras y legisladores de varios partidos políticos para firmar el Pacto por México y votar a favor de las reformas estructurales del sexenio peñista en 2013 y 2014.
El que no haya pasado nada con este episodio de corrupción que involucra al ex presidente hace dudar que las nuevas acusaciones que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas transacciones millonarias ilegales y contratos por más de 10 mil millones de pesos de su gobierno a empresas familiares, pase de la pantomima.
De hecho, López Obrador salió presuroso a decir el jueves en su mañanera que no se puede hacer un juicio sumario al ex presidente, y que serán los tribunales los que deslinden responsabilidades, lo que hizo recordar cómo a Peña Nieto el Presidente nunca lo ha criticado desde el púlpito presidencial donde dispara a todos sus adversarios.
El gobierno de la 4T, pues, sigue deshilachando la principal bandera de Andrés Manuel López Obrador de la lucha y castigo a la corrupción, usándola sólo como circo mediático para afectar a sus adversarios políticos con claros fines electorales para mantenerse en el poder.
Jaime Barrera
jbarrera4r@gmail.com