Encinas en su laberinto
La crisis política que provocó la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en la trágica y criminal noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014, dinamitó para siempre el exitoso primer tercio del sexenio del priista Enrique Peña Nieto y su ciclo reformador, que acabó de colapsarse con el escándalo de corrupción de la Casa Blanca, que involucró a su entonces esposa y ex actriz, Angélica Rivera.
Por eso la búsqueda de la verdad y la justicia que desde el primer momento reclamaron los padres de los normalistas, se convirtió en una de las principales banderas políticas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien buscaba en ese momento, por tercera ocasión, ser candidato presidencial.
Enarbolando esa causa, AMLO ganó las simpatías del creciente movimiento que encabezaron los deudos de los estudiantes y sus abogados, a los que siempre les prometió que su caso sería prioritario para su Gobierno y se llegaría a la verdad y la justicia.
Encargó esta delicada misión a Alejandro Encinas, uno de sus compañeros de lucha más leales y también uno de los funcionarios más respetados y con mejor reputación de la 4T, al que nombró subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Convencido de esa causa, aunado al afán de hacer cumplir la promesa de su jefe, Encinas creó la Comisión de la verdad y la justicia para el Caso Ayotzinapa, se precipitó y nombró a Omar Gómez Trejo como fiscal especial de esa Comisión, pese a que se le advirtió del riesgo del sesgo que podía dar a las nuevas investigaciones por haber fungido como secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que siempre cuestionó y combatió la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, hoy preso por este caso acusado de inventar esa versión en el sexenio pasado.
En ese pecado, Encinas paga ahora la penitencia. Lo que ganó en junio de 2019 que lo designó al lograr rápidamente la confianza de los padres de los normalistas, sus abogados y las organizaciones sociales que respaldaban ese movimiento que lo veían muy bien por haber estado en el GIEI, lo perdió ayer que se confirmó su renuncia un día después del octavo aniversario de la tragedia.
Como el propio Presidente lo reafirmó ayer en su rueda de prensa mañanera, el motivo por el que largó la Fiscalía especial fue porque la Fiscalía General de la República se desistió de órdenes de aprehensión contra 16 militares y nueve ex funcionarios de la Fiscalía y el Gobierno de Guerrero. Su salida hizo crecer la suspicacia de que fue desde sus oficinas de donde se filtraron las versiones sin testar que hablan de que fueron mandos militares los que habrían ordenado asesinar a seis de los 43 jóvenes estudiantes.
Sin duda, esta renuncia escala la crisis que por el Caso Ayotzinapa estalló dentro del primer círculo del Gobierno de la 4T, y que tiene enfrentados a Encinas y al controvertido Alejando Gertz, titular de la FGR, por haber retirado las órdenes de aprehensión, por las presiones de los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina.
Este enredo, que seguramente metió en aprietos a López Obrador con las Fuerzas Armadas, cuyos responsables son los principales aliados del Gobierno de la 4T, tiene ahora a Encinas en un verdadero laberinto, cuya única salida tal vez sea su renuncia, aunque eso le complicaría más el escenario a su jefe el Presidente.
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