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¡En la mira!

En el recuento de la aprobación del presupuesto 2022 del Gobierno de Jalisco llamó la atención la lista de perdedores o los menos beneficiados: la UdeG, el Instituto de Transparencia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Sistema de Asistencia Social y hasta los nuevos juzgados laborales.

Los diputados y diputadas también recortaron 100 millones de pesos al financiamiento público de los partidos políticos, pero se debe tener cuidado y que no sea una simulación del Congreso, ya que será impugnado por los afectados. La explicación es muy simple: existe una fórmula establecida para el reparto de los recursos, por lo que se podría estar violando la ley.

Les recordamos a los legisladores y legisladoras que las buenas intenciones no siempre tienen un final feliz. Así como han presumido las reformas para que nadie gane más que el gobernador, además de quitar los bonos millonarios o aplicar las pruebas de control y confianza en el Poder Judicial de Jalisco, todo eso quedó en el papel porque el Poder Judicial de la Federación las declaró inconstitucionales, ante las impugnaciones de los afectados.

Tendremos el tema en la mira, pero sí les pedimos más efectividad y menos acciones que sólo buscan los aplausos de forma temporal.

El recuento de los daños tras la aprobación del presupuesto deja muchos elementos para destacar, como la operación del Gobierno de Jalisco para tener a casi todas las fracciones parlamentarias en su terreno. La negociación gestada desde Casa Jalisco consiguió sumar hasta sus rivales de Morena, que pocos peros le pusieron a la proyección de los gastos para el siguiente año. Finalmente salió al gusto del gobernador.

En los próximos meses se evidenciará el tamaño del arreglo del coordinador morenista José María Martínez con la administración estatal. En una de esas, gracias a su dócil oposición, se traspapela la investigación en su contra por su “pensión dorada” de más de 106 mil pesos mensuales, que se frenó por lo pronto porque se activó como servidor público en el Congreso.

Luego de horas y horas de discusión, el diputado Enrique Velázquez tuvo un resbalón. Al debatir sobre el recorte de las prerrogativas a los partidos llamó “chiquita” a la diputada emecista Celenia Contreras González, en referencia a que la legisladora es muy joven y no le tocaron los años cuando el PRI era el partido hegemónico y perseguía a los opositores.

A la legisladora no le cayó nada en gracia que le dijeran eso y, ante el pleno, pidió al diputado que se condujera con respeto.

Rápidamente Velázquez ofreció disculpas y negó connotaciones peyorativas.

En una legislatura con mayoría de mujeres, hay que cuidar las formas que brotan sin querer queriendo.

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