En Lagos, hasta las autoridades temen a las mafias
Ha pasado ya más de un mes del terrible y conmocionante episodio de la violenta desaparición de los cinco jóvenes amigos de Lagos de Moreno, Roberto Cuéllar, Uriel Galván, Dante Hernández, Diego Alberto Lara y Jaime Miranda, y a parte de que no se ha dado con su paradero, en aquel municipio de la región Altos Norte de Jalisco se siguen dando historias que hablan de la sensación de desamparo en la que viven sus habitantes, que ahora ven con azoro cómo hasta las autoridades le temen a los grupos del crimen organizado que tienen el control de esa zona.
Además de los constantes enfrentamientos que se dan entre las células del cártel Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que se disputan el control de Lagos de Moreno y de municipios aledaños como Teocaltiche y Encarnación de Díaz por su estratégica situación geográfica en el país, ahora sus pobladores observan desconcertados cómo policías y autoridades parecen estar sometidos también por el poder de estas mafias que los tienen intimidados.
Casos paradigmáticos que muestran esta situación se dieron tanto en el caso de la desaparición de los cinco jóvenes que ocurrió el viernes 11 de agosto en Lagos de Moreno como la anterior desaparición múltiple que se dio en aquella misma región, en Encarnación de Díaz a fines de julio de las hermanas Adriana, Marisela, y Rosa Olivia, y de su amiga Beatriz, que se encuentran aún ilocalizables.
En este primer caso, según acusó el viernes 4 de agosto el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, en Jalisco, donde debió iniciarse la investigación por oficio, se incumplió porque en la delegación de la Fiscalía del Estado en Lagos de Moreno no se les quiso aceptar por miedo la denuncia de los familiares de las jóvenes, con lo que se perdió tiempo clave para dar con su paradero. Ante esta negativa, los angustiados padres tuvieron que trasladarse a Aguascalientes, donde sólo les ayudaron a difundir las fichas de desaparición, pero no pudieron recibir la denuncia porque la privación ilegal de la libertad había ocurrido en territorio jalisciense.
Ayer se dio otra muestra similar de cómo el Estado mexicano, desde las autoridades federales, hasta las estatales y municipales y sus corporaciones policiales se han achicado ante los grupos de la delincuencia organizada, que ni siquiera los jueces y quienes operan las cárceles en Lagos de Moreno se sienten protegidos para impartir justicia y sancionar a los generadores de violencia.
Por eso el juez de Lagos de Moreno decidió no seguir con el proceso en contra de Enahu y Emanuel “A”, los dos hermanos acusado de incinerar cuerpos en una ladrillera de Lagos, por considerar que no había las condiciones para mantenerlos presos con seguridad por su alta peligrosidad y el poder de fuego de las bandas a las que pertenecen.
Así, al declararse incompetente este juez, los detenidos fueron trasladados al Reclusorio Metropolitano y el caso al Distrito Judicial número 1 de Puente Grande, para consumar así una muestra más del sometimiento de la autoridad ante el crimen organizado.
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