El tercer 19-S y las torres en GDL
Comentaba ayer que el tercer 19-S nos debe recordar que Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara están asentados en la zona de mayor actividad sísmica del país y que ello obligaba a las autoridades municipales, estatales y federales a revisar los instrumentos y capacidades en materia de Protección Civil, que atenúen los daños humanos y materiales que nos pueda traer un eventual movimiento telúrico de mayor intensidad.
Habrá que añadir hoy, que además de actualizar el Atlas de Riesgos de la Ciudad en los que se incluyan las zonas donde más se registran estos fenómenos y se siga promoviendo la cultura de la Protección Civil en la población, se debe hacer también una revisión a los reglamentos de construcción para su actualización, pero sobre todo para ver el grado de su cumplimiento.
Más aún por todo el creciente y acelerado ritmo de construcción de torres de oficinas y habitacionales que se han dado por todos los rumbos de la metrópoli. En los últimos tres años, según estimaciones de desarrolladores inmobiliarios, se calcula una inversión de al menos mil millones de dólares en este boom de edificaciones verticales, que representa la suma de al menos 200 torres mas en el AMG, más las que están en proceso de tramitación.
Que el hombre y la mujer muertas por el sismo del lunes en edificios que se desplomaron parcialmente en Manzanillo, pero sobre todo lo que se vio hace cinco años en el segundo 19-S en la Ciudad de México, donde torres con menos de un año de haber sido construidas se hubieran venido abajo, es la señal inequívoca que persiste la corrupción en temas de licencias, permisos de construcción y supervisiones, que se creyeron superados luego de la tragedia de hace 37 años, en el primer 19-S de 1985, cuando murieron más de cinco mil personas, principalmente por el desplome de muchos edificios deficientemente construidos.
Para muchos esa cifra oficial se queda corta, porque hubo familias completas que murieron y nadie pudo denunciar su fallecimiento, por el alto número de edificaciones multifamiliares que se hicieron sin la menor supervisión y con la lógica de la máxima ganancia de voraces constructores, en complicidad con funcionarios corruptos. Esa mezcla multiplicó exponencialmente la letalidad de los temblores del 19 y 20 de septiembre de 1985, y en 2017 pareció que la lección no se aprendió.
¿Están las dependencias involucradas en la expedición de permisos de construcción, haciendo cumplir los usos de suelo, evitando construir en superficies de alto riesgo? ¿Están haciendo que se cumplan las normas de construcción vigentes, que obligan el empleo de estructuras y diseños que resistan un temblor de intensidades mayores a las registradas hasta hoy como establecen los reglamentos?
Los gobiernos deben buscar tener actualizadas estas respuestas de sus técnicos que expiden licencias de construcción y de protección civil para asegurar que no se estén coludiendo con constructores irresponsables y corruptos que terminen haciendo crecer las tragedias en estos siniestros impredecibles.
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