El reclamo debe ser a Washington
Desde el mismo 4 de agosto cuando México demandó en una corte de Massachusetts a los fabricantes de armas en Estados Unidos, muchos expertos legales en el tema reaccionaron con pesimismo que la acción pudiera proceder en un proceso legal. Carl Tobias, profesor de derecho de la Universidad de Richmond, dijo que la decisión mexicana de usar un recurso legal era “un poco arriesgado”, por las pocas posibilidades que tenían de que les fuera favorable.
Otros consideraron mínimas las probabilidades de éxito porque la ley federal de Estados Unidos garantiza a los fabricantes de armas una gran inmunidad contra las demandas de las víctimas de la violencia armada.
“Es posible que solo sea una forma de llamar la atención del gobierno estadounidense, de Biden y la Casa Blanca para que puedan sentarse y llegar a un acuerdo”, dijo Tobias.
El tema del control y regulación de armas regresó a la discusión este lunes en Nueva York y en Boston. En la sede la Organización de Naciones Unidas (ONU), al presidir la sesión del Consejo de Seguridad, el canciller mexicano Marcelo Ebrard pidió combatir el tráfico de armas, reforzar los compromisos ya establecidos e hizo un llamado al sector privado a ser parte de las regulaciones -mensaje que llevan como destino a los mismos fabricantes de armas-. “El tráfico ilícito y desvío de armas pequeñas y ligeras amenaza a la paz y seguridad internacionales”, dijo Ebrard.
Mientras tanto, en la capital de Massachusetts representantes legales de los principales fabricantes de armas y distribuidores pidieron a un juez federal en Boston desechar por improcedente la demanda del gobierno mexicano.
El argumento de México, de que armas obtenidas en Estados Unidos por terceras personas que de una manera legal o ilegal las compran y luego son eventualmente obtenidas por por intermediarios que las envían a nuestro país, no procede, porque “por múltiples razones, la ley no no puede ser estirada e imponer responsabilidades a los fabricantes”, se menciona en un documento que fue entregado en la corte.
Las posibilidades del procedimiento legal de demanda son pocas, pero en cambio podrá servir de refuerzo para fortalecer los cambios en las regulaciones que muchos sectores de la comunidad desde hace tiempo vienen exigiendo en el tema.
En todo caso, en lugar de usar el recurso de “llamar la atención” demandando a los fabricantes de armas, el gobierno de Mexico debería de demandar directamente al gobierno de Washington, ya que su Constitución, en la segunda enmienda, establece muy claramente que un ciudadano tiene derecho a tener y portar armas, lo que conlleva a que empresas privadas se dediquen a la fabricación legal de las mismas. Lo que además de limitar la fabricación se debe regular más estrictamente, son los requisitos para comprarlas. Pero no se puede demandar al fabricante de cualquier producto cuando está plenamente autorizado para hacerlo por la propia Constitución. ¿Usted, qué opina?
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