El pulso por la República
La llama reforma administrativa, pero en realidad es una operación para concentrar el poder. Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) oficializó su intención de eliminar órganos autónomos que el Estado mexicano ha fundado en los últimos 30 años. Si lo logra, será no solo una vuelta a ese pasado en el que una sola persona decidía todo. Será también la demostración de que los derrotados en 2018, y otras fuerzas de la sociedad, carecen de fuerza, determinación y creatividad para defender parte de lo que hacía de la mexicana una democracia más o menos funcional.
López Obrador tiene bien ensayado el numerito. Lanza un globo sonda con sus intenciones, y si no encuentra resistencia considerable procede a ejecutar su plan sin detenerse o modificar sustancialmente la ruta, por más sugerencias o críticas que haya. Desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco para acá es la misma partitura.
Al cierre de 2020 se escuchó una especie de suspiro de alivio cuando el Congreso de la Unión detuvo la propuesta de ley que modifica la operación del Banco de México. Pero como lo reportó Bloomberg en plenas vacaciones, en el Senado quieren imponer tan cuestionable iniciativa. En otras palabras, ni Monreal ni AMLO han renunciado a meter las manos en Banxico. Cueste lo que cueste.
Tal es el prólogo de lo que se avecina. López Obrador ya había dicho en días anteriores que quién necesita el INAI si al final de cuentas existe la Función Pública. Claro, él argumenta que como su gobierno es distinto (¡?) ya no se requiere un ente autónomo que, con la ley en la mano, obligue a los gobernantes a ser transparentes frente a toda solicitud de los ciudadanos.
Y ese globo sonda probó su utilidad: ya sea porque siguen de vacaciones, porque siempre subestiman al presidente, porque no tienen activado el modo de emergencia, porque le temen al Ejecutivo o por vayan a saber ustedes qué razón, muy pocas voces se activaron a la primera para defender al INAI. Visto eso, Andrés Manuel ya dijo ayer que la “reforma administrativa” se presentará en febrero.
El titular del Ejecutivo argumentará que como estamos en crisis, se trata de medidas de austeridad, de ahorrar. Dirá también que son organismos que le han quedado a deber a la ciudadanía en no pocas ocasiones (en lo que no le falta razón), o donde se ha abusado de salarios y prestaciones escandalosamente altos frente a los ingresos del común de los mexicanos.
Son verdades a medias para construir un argumento falaz. Lo que pretende es solo poder y nada más que poder. Lo de la austeridad vs despilfarro se podría resolver de otra manera. Pero no se trata de eficiencia. AMLO quiere disponer de todo el dinero, y de toda la autoridad en competencia, transparencia, telecomunicaciones, fiscalización (no descarten que la guadaña alcance a la Auditoría Superior de la Federación), regulación, vigilancia, arbitraje, etcétera.
Le urge hacerlo porque no se va a arriesgar a que tras las elecciones de junio próximo una nueva composición de San Lázaro trabe la concentración de poder o detenga el desmantelamiento institucional que pretende.
Frente a ese panorama, y con el otro antecedente -el de la desaparición de los fideicomisos, cuando Morena despreció críticas y sugerencias de académicos, científicos e intelectuales- lo único que no vale es sorprenderse de lo que intentarán el presidente y sus inconscientes o convenencieros incondicionales.
¿Qué hacer? Ni idea. Pero de que en este pulso va de por medio una República donde el poder ya no era unipersonal, ninguna duda cabe.