¿El principio del fin de la sobrerrepresentación?
Pese al revuelo que causó ayer la revelación de que el viernes pasado la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, aceptó un trámite del líder nacional del PAN, Marko Cortés, para buscar revertir la mayoría calificada que el INE le dio a Morena y aliados, este recurso podría convertirse en el principio del fin de las ambigüedades que tiene la Constitución y que han permitido la sobrerrepresentación que ha distorsionado el sentido del voto ciudadano en las elecciones de las últimas dos décadas en México.
En una sobrerreacción, y por pensar que la impugnación por “contradicción de criterios 231/2024” se trataba de un albazo y un intento de última hora de buscar que la Corte ordenara al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificar el reparto de las diputaciones plurinominales aplicando nuevos criterios, además de que AMLO la calificó de “descabellada”, las dirigencias de Morena y sus aliados del Partido Verde y del PT, respondieron presentando un recurso de recusación ante la misma Corte en contra de la Presidenta Piña y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá por haber admitido la queja.
Morena ya había cuestionado tanto a Piña como al Ministro por haber tenido una reunión con el presidente nacional del PRI, Alejando Moreno, en pleno proceso de las campañas electorales, lo que consideraron ponía en entredicho la independencia del máximo tribunal del País.
Lo cierto es que es técnicamente imposible que se tuviera un proyecto terminado que se hiciera llegar al TEPJF antes del jueves, día límite para que se desahoguen todas las impugnaciones que tienen que ver con la integración de la nueva Legislatura federal que asume el próximo domingo. Litigantes expertos en la materia que consulté ayer, me explicaron que una contradicción de tesis tiene un proceso mínimo de tres meses, por más que se quisiera acelerar.
El propio González Alcántara salió a aclarar ayer mismo que se tomará el tiempo necesario para analizar a detalle la impugnación que le turnó la Ministra Presidenta contra la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, para poder elaborar su proyecto de sentencia, que ya no tendría ningún efecto en las decisiones que tome la Sala Superior del TEPJF en el actual proceso electoral.
Lo deseable, pues, es que el Ministro efectivamente estudie con calma el caso y defina claramente la interpretación constitucional donde se define el reparto de las diputaciones plurinominales y se ponga fin al debate de las distintas formas de entender nuestras Leyes Electorales, que se empezaron a dar luego de la elección del pasado 2 de julio.
Se debe clarificar el asunto de la llamada sobrerrepresentación que apareció con la “cláusula de gobernabilidad” desde la era predemocrática del País, cuando el PRI y sus gobiernos controlaban las elecciones, y que por así convenir a sus intereses partidistas y de poder, también mantuvo el PAN luego de la alternancia política en el año 2000, se aclaren también los criterios para el reparto en coaliciones o partidos, y lograr reglas que garanticen equilibrios, eviten dar todo el poder a un solo partido y garantizar la voz y el voto de los opositores.
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