El incesante grito de los desaparecidos
Al igual que le pasó hace poco más de un mes con las madres buscadoras de desaparecidos que vinieron de distintos estados de la República a buscar a sus seres queridos ilocalizables, el gobernador Enrique Alfaro trató de enderezar el entuerto en el que se metió nuevamente el lunes pasado con integrantes del colectivo Luz de Esperanza con los que quiso salir a dialogar pero terminó reclamándoles sus gritos.
Como lo hizo en febrero pasado, luego de cuestionar y sospechar de las “agendas” que traían a Jalisco las madres buscadoras, corrigió al reunirse con ellas y reconocerles su trabajo. Ayer, luego de los sobresaltos del lunes a las afueras de Palacio de Gobierno, Alfaro cumplió su palabra, y sin duda, su obligación, de recibir a los integrantes de esta organización de búsqueda de desaparecidos con los que funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y de su área de Derechos Humanos, de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) acordaron más acompañamiento de la Comisión de Búsqueda a los colectivos locales que hacen trabajo de campo, así como agilizar los procesos forenses para lograr tener más perfiles genéticos. Uno de los mayores cuellos de botella y lo que más reclaman las familias afectadas.
Habrá que ver si esta vez de verdad se cumplen los compromisos y el gobierno alfarista hace los ajustes que sean necesarios para desarrollar una agenda que priorice el tema de las desapariciones, que es el problema número uno de inseguridad en Jalisco, y que muestre la empatía y la sensibilidad ante esta tragedia que ha estado ausente, según lo reclaman las familias y las organizaciones sociales dedicadas a la búsqueda de desaparecidos.
En el gobierno estatal se debe entender que el avance de hacer más sistemática la búsqueda de desaparecidos, cosa que se ha notado en la cifra récord de exhumaciones de fosas clandestinas como no pasa en ninguna otra entidad del país, no satisface a las familias que padecen el dolor de no saber del paradero de algún ser querido, ni les debería satisfacer a ellos como gobierno.
Como autoridades, federales, estatales y municipales, su obligación es evitar que sigan aumentando las desapariciones y sobre todo detener a los raptores y acabar con la impunidad que hace crecer este lastre.
Insisto que el camino está en cumplir las tareas y dar los presupuestos necesarios para hacer funcionar la Ley de Personas Desaparecidas aprobada hace más un año con el beneplácito de las familias afectadas y los expertos que las asesoran.
Mientras esto no se cumpla, el grito, por el tema de los desaparecidos será incesante.
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