El fracturado sistema de salud mexicano
Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición muestran que los problemas estructurales del sector salud se han profundizado en algunos rubros; en otros los estancamientos son notables; y en los ámbitos que hay avances, son marginales y desalentadores ante las enormes necesidades que tiene la población nacional, las cuales deben atenderse cumpliendo con los estándares a que estamos obligados dado el marco jurídico y constitucional que tenemos en materia de derechos humanos.
De acuerdo con ese instrumento de medición, apenas poco más del 40% de las y los mexicanos atienden sus problemas de salud en el sector público. Las razones son múltiples; pero es un hecho que apenas estamos en los niveles en que este indicador se encontraba en el 2018, cuando dio inicio la presente administración.
El Presidente de la República lo ha dicho de manera textual en diferentes espacios y momentos: sin seguridad pública y sin un sistema de salud de calidad, la llamada cuarta transformación no puede ser presentada como tal; y es que se trata dos de los ámbitos en que mayor expectativa generó la campaña política del actual titular del Ejecutivo federal; y serán dos de los rubros en que no sólo no se consiguieron avances, sino que los retrocesos y el debilitamiento institucional han resultado notorios.
Por eso es urgente que no se pierda más tiempo, y que pueda generarse un amplio consenso sobre cómo la siguiente administración llevará a cabo la transformación que urge en el sistema de salud, universalizando la cobertura y liberando a la población de la dependencia del mercado privado que, a través de farmacias y consultorios, ha suplido al sector público, incrementándose de manera muy elevada los gastos de bolsillo en salud para la mayoría de la población, siendo o no derechohabiente a cualquiera de los sistemas de seguridad social que tenemos.
Quien sea la o el nuevo Presidente no podrá eludir esta problemática, para lo cual deberá estar dispuesto a llevar a cabo lo que esta administración perdió la oportunidad de realizar: la reforma fiscal integral que se ha pospuesto desde hace tres décadas, pues es urgente contar con más recursos que se estiman en al menos un punto porcentual del PIB para impulsar la nueva generación de políticas de protección social en salud y garantizar con ello el mandato constitucional del disfrute del máximo nivel de salud posible para toda nuestra población.
Lo que muestra la ENSANUT es la agudización de una crisis que viene de años atrás: por un lado, la prevalencia de bajo peso, baja talla y obesidad en niñas y niños no tienen ningún avance sustantivo, lo que no es sino signo de las condiciones de malnutrición que hay en el país; mientras que la obesidad en toda la población se mantiene en niveles que colocan en un enorme riesgo de tener otros padecimientos como la diabetes y las enfermedades del corazón, cuya prevalencia no ha dejado de crecer, siendo las dos principales causas de mortalidad por causas no transmisibles en los últimos cinco años en el país. En efecto, según la ENSANUT, el 85% de las y los adultos de 40 a 60 años tuvieron sobrepeso y obesidad.
A esta administración le quedan sólo 56 semanas para cerrar y entregar ordenadamente a la administración pública federal. Por ello, no debe olvidarse que al sector salud le corresponde la rectoría de todas las acciones para garantizar la salud pública en México, resolver el problema del abasto de medicamentos y también garantizar estándares mínimos de atención, por lo que debe darse marcha atrás a la eliminación de las Normas Oficiales Mexicanas que pretender ser eliminadas.
No hay tiempo; y en el Gobierno lo saben. Por ello, quienes aspiran a gobernar, no pueden renunciar a debatir con seriedad el desorden que esta administración ha generado en el sector salud, y a construir el pacto social que se necesita para reconstruirlo.