El efecto Voca 8
Todo sucede en menos de cuatro minutos: un discurso, una denuncia, una advertencia y una agresión. La manifestación del hartazgo sobre la violencia de género al interior del plantel del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 8 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue captado en un video que se viralizó el pasado viernes.
Las imágenes hablan solas. La narrativa es sencilla y contundente. Una joven vestida de negro con un paliacate morado cubriendo su rostro irrumpe en una clase mientras el maestro observa desde su escritorio. La joven denuncia al profesor por acoso y abuso sexual. Él permanece en silencio. La líder expone en su discurso que es de conocimiento público que el maestro pide favores sexuales a las alumnas a cambio de pasar la materia, que acosa a las estudiantes e incluso a las maestras. “No lo queremos dentro de la institución, y si eso no se cumple no nos quedará más hecho que irnos a paro”. A su orden una veintena de jóvenes igualmente vestidas se abalanza sobre el docente a golpes y patadas, con lata de aerosol en mano lo convierten en una mancha púrpura sobre el suelo.
Al grito de “Fuera Palma” sacaron a rastras del aula al profesor mientras otros estudiantes afuera le lanzaban insultos y consignas. La tensión del momento la rompió la voz de una profesora. “¿Por qué no hacemos una denuncia ante el Ministerio Público? Soy abogada”. Su propuesta sólo hizo que las jóvenes se exasperaran más diciendo que ya eran muchas las denuncias, pero que no hacían nada. Así termina un acto de justicia por propia mano donde nadie gana. El supuesto agresor termina siendo la víctima de un grupo de mujeres -antes víctimas de acoso y ahora victimarias-. Es así como se resume la narrativa cuando los casos de violencia física, acoso sexual o bullying suceden al interior de un plantel que no tiene un protocolo de acción al respecto.
De acuerdo al análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) publicado este año sobre violencia escolar en el país entre 2019 y 2022, de los 11.7 millones de estudiantes entre 12 y 17 años que asisten a la escuela en México, 3.3 millones reportaron haber sido víctimas de acoso escolar y 232 menores fueron atendidos en hospitales por agresión sexual; sin embargo, hay casos -quizá los más- que no se registran por falta de denuncia o que escalan del acoso a violencia por desestimar las primeras incidencias. Hagamos cuentas sobre el nivel de impunidad que viven los adolescentes en este país.
El efecto Voca 8 podría repetirse. No se trata de feminismo en su máxima expresión, se trata de hartazgo al límite. Lo sucedido debe observarse no sólo como un intento de linchamiento, sino por la impunidad que impera, porque no se está escuchando la indignación del alumnado y no se están atendiendo las denuncias de acoso o agresión sexual. Al IPN le tomó más de dos días manifestarse al respecto en un comunicado enfatizando la política de cero tolerancia al acoso y la violencia de género afirmando que no habrá impunidad.
Si bien el profesorado de ese plantel y de cualquier otro podría verse vulnerado en cualquier momento, lo cierto es que los casos de acoso o abuso sexual se desestiman fácilmente y sólo el 2% de las denuncias terminan en una sentencia. El acoso y el abuso suele darse en corto y en silencio. Aunque el IPN recomienda que cualquier delito debe denunciarse conforme al “Protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género”, de tener claro un protocolo, las autoridades educativas habrían tomado acción inmediata, para sancionar al profesor si conocía las denuncias y también para detener el ataque. Pero no lo hicieron.
Los protocolos ni se tienen claros ni se cumplen. De ser así quizá Norma Lizbeth estaría aquí y Azahara no estaría consignada a tres años de condena. Quizá el jovencito de 14 años agredió a su profesora de secundaria en Coahuila con un arma blanca el mes pasado no habría sido detenido por intento de feminicidio al identificarse el bullying que sufría. Quizá el ex magistrado Covarrubias Dueñas cumpliría la condena correspondiente de haberse atendido las denuncias de sus estudiantes de Derecho en la Universidad de Guadalajara en lugar de proteger su cargo, pero ahora está prófugo. ¿Hasta cuando habrá una corresponsabilidad entre docentes y planteles sobre la integridad de los estudiantes? Quizá hasta que así como se normaliza la impunidad se normalicen las agresiones buscando justicia. Ojalá me equivoque.