El drama de Chiapas y la abandonada frontera Sur
Chiapas es un Estado imprescindible para el desarrollo nacional mexicano. Alberga nada menos que alrededor del 30% de las reservas de agua dulce disponibles en México, así como varios de los ecosistemas de mayor riqueza y complejidad del país. Culturalmente, es uno de los estados con mayor diversidad y riqueza arqueológica, y en su territorio se resguardan varias de las lenguas indígenas que forman parte del patrimonio cultural intangible mexicano.
Ancestralmente, Chiapas ha sido al mismo tiempo un territorio plagado de injusticias y de dinámicas de exclusión y segregación social inenarrables. El abandono en que se encuentran miles de sus localidades más pequeñas, y el rezago social que persiste en las zonas y localidades urbanas sigue siendo de los más profundos en nuestra realidad.
En medio de esa complejidad, se suma ahora el factor de la violencia armada del crimen organizado, frente a la cual han sucumbido incluso las estructuras de organización comunitaria que se construyeron durante décadas y que se articularon en algún momento en torno al EZLN y a otras organizaciones, tanto guerrilleras como de acción comunitaria.
Ahora lo que priva es el caos y el terror en diversas localidades, donde lo único que queda es el exilio. Las imágenes y testimonios de las familias que tienen que huir a territorio guatemalteco ante la amenaza permanente de los delincuentes son signo de una realidad dolorosa, pero también significan una nueva línea de quiebre para el Estado mexicano, pues de ningún lado de nuestras fronteras puede garantizarse la seguridad ni de quienes atraviesan el territorio nacional viniendo de otros países, ni de nuestros propios connacionales.
Una de las cuestiones semánticas relevantes en este escenario es la insistencia en la fuerza y presencia del crimen organizado en la región; pero eso solo ha sido posible ante la cesión del territorio y los espacios más relevantes por parte del Estado mexicano. Hay, por decir lo menos, una permisividad inédita de las fuerzas del orden para que los criminales actúen y controlen todo lo que les permite el desarrollo de sus actividades, entre las que se encuentra, sin duda alguna, el control de todos los tráficos ilícitos que se dan a través de toda la frontera Sur, la cual tiene más de mil 300 kilómetros de extensión.
Es sabido que hay tramos y puntos de cruce fronterizo en los cuales la única presencia del Estado son algunas casetas de vigilancia, a medio derruir, abandonadas y en las cuales se sintetiza la diluida y menguada presencia estatal mexicana en esa región del país, generando una de las fronteras más “porosas” que hay en las regiones de mayor potencia económica del mundo, si se considera que somos los principales socios comerciales de la principal potencia económica planetaria.
De esta forma, a las ancestrales condiciones de apremio y abandono que se han vivido en Chiapas, se suman ahora las peores amenazas, pues provienen de grupos abiertamente delincuenciales, que no tienen otra motivación que socavar el orden legal y obtener la mayor cantidad de beneficios y ganancias ilícitas, incluso a costa de la vida y la posibilidad de habitar en comunidades enteras.
El despojo, la extorsión, el secuestro, la desaparición forzada, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son solo algunas de las formas en que el crimen se despliega y desarrolla en esa región del país; y todo en medio del abandono de las autoridades de todos los niveles, e incluso la captura de algunas de ellas en el ámbito municipal, sobre todo en aquellas demarcaciones de mayor aislamiento territorial y de mayor interés de control para los grupos criminales, en función de sus intereses y redes de negocios.
A diferencia de lo que ocurre en otras regiones del país, los resultados de una crisis como esta en Chiapas pueden ser auténticamente explosivos. Por ello, no debe haber más dilación en el actuar del Estado y, sin duda, debe ser uno de los puntos prioritarios de atención del nuevo Gobierno.