El derecho a tener derechos
México hoy es una nación de migrantes envuelta en una crisis de violencia e inseguridad interior desafiada por el crimen, que ha dejado decenas de miles de muertos en la que se disputa el derecho a tener derechos.
La frase acuñada por Hannah Arendt, la pensadora alemana refugiada en Estados Unidos. En su obra Los Orígenes del Totalitarismo hace sentido ahora ante la exclusión de millones de personas del goce de sus derechos más elementales.
Cientos de miles de mexicanos han pedido refugio en el Norte mientras los centroamericanos lo piden en México. Ambos sufren la realidad de la exclusión. Somos un país de migrantes envuelto en la violencia que no se reconoce como tal. La crisis en el respecto a los derechos humanos pone a prueba a las instituciones. La propia Hannah definía a los refugiados como formados en la convicción de que la vida es el bien más elevado y, la muerte, la mayor consternación, convertidos en testigos y víctimas de terrores peores que la muerte sin haber podido descubrir ideales mayores que la vida.
Por lo tanto, aunque la muerte ha perdido su horror ellos no participan de la vida ciudadana porque están fuera de la atención pública. En la práctica aunque la ley diga que tienen derechos, la realidad se los niega.
Además del millón de refugiados que, de hecho, se calcula que hay en México, muchos millones más se sienten refugiados, desplazados o agredidos en su propia tierra. La falta de respeto a los derechos fundamentales es evidente, por lo que resulta esencial fortalecer a las instituciones de seguridad, justicia y específicamente a la CNDH. Una situación como ésta es la ocasión perfecta para la actuación del ombudsman que señale puntualmente las fallas en las políticas públicas, en la falta de recursos para atender a migrantes o para investigar delitos o impartir justicia, como los abusos de las autoridades administrativas. Sin embargo en la agenda de los asuntos públicos nos distraemos con otros temas que aunque vistosos no resultan de la misma trascendencia en función de los intereses políticos de coyuntura. El ombudsman ha de hacer valer su independencia y autoridad moral basada en el estricto respeto a la ley.
El proceso seguido por el Senado para designar al nuevo titular ha sido una vergüenza tanto por la forma como por el fondo. La sonrisa de satisfacción de los senadores contemplando el zafarrancho es muestra del poco aprecio que parecen tener por el respeto a la dignidad de las personas y las instituciones. Resulta inaceptable una designación del ombudsman que pase por el cuestionamiento de la independencia, capacidad y requisitos de elegibilidad y que al final de cuentas se imponga como una decisión política de coyuntura en medio de graves cuestionamientos. Se trata de una responsabilidad de Estado y como tal debe considerar el máximo respeto a la Constitución, más allá de las mayorías, de los partidos y de las consignas.
La CNDH es un órgano técnico, no un espacio de activismo, constituye un ámbito de análisis y estudio que propone soluciones para ensanchar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales de la población en relación con las autoridades administrativas. Contribuye a mejorar el desempeño del Gobierno al señalar y hacer públicas sus fallas. Es una fuente de asuntos para la agenda legislativa y un espacio que permite captar la inconformidad de los excluidos.
Debilitar deliberadamente a los organismos constitucionales autónomos con decisiones como la imposición en la CNDH, reduce la eficacia del respeto a los derechos y sienta un precedente negativo para el país y para el mismo Gobierno. Por eso es deseable que las impugnaciones que se han anunciado prosperen y conduzcan a fortalecer una institución que contribuye al derecho a tener derechos, en una realidad que peligrosamente los diluye.