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El costo del acuerdo de Biden con Maduro

Aunque el programa de Transferencia Internacional de Prisioneros está autorizado por la ley federal en Estados Unidos -manejado por el Departamento de Estado- y asentado en los tratados internacionales, donde se establece que solo se podrá solicitar la entrega de prisioneros estadounidenses una vez que hayan sido sentenciados por el país extranjero, pero no contempla el intercambio de sentenciados y menos -por supuesto- con gobiernos dictatoriales.

La reciente liberación de dos familiares de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quienes estaban cumpliendo condena de narcotráfico en una cárcel norteamericana, a cambio de siete presos de origen estadounidense -cinco de ellos detenidos en 2017 por asistir a una reunión de la petrolera PDVSA, supuestamente como espías, y dos más en el 2020 y 2022 quienes fueron arrestados y acusados con cargos de tráfico de armas- ha causado revuelo, levantado polvareda y creado un problema político al presidente Joe Biden.

Marco Rubio, senador republicano de Florida, el fin de semana calificó como "bochornoso" el canje de los narcotraficantes a cambio de "siete inocentes que fueron arrestados" para ser usados como fichas de cambio. "Ahora los tiranos y dictadores saben que pueden capturar a estadounidenses… Para después recibir algo a cambio".

El legislador de origen cubano criticó además que la operación no fuera coordinada con el gobierno interino venezolano que encabeza Juan Guaidó, que es el presidente reconocido por Washington. Sin embargo, resulta ilógico conceptualizarlo de esa manera, ya que quien tenía a los detenidos era el gobierno de Nicolás Maduro y Guaidó no podía intervenir. Y fue precisamente el embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, fue quien asegundó a Rubio al señalar en Twitter que "la liberación de los 'narcosobrinos' podría establecer un precedente de impunidad al dar incentivos a la dictadura de Maduro para seguir oprimiendo y delinquiendo", aunque si expresó su beneplácito por los norteamericanos liberados.

Otro opositor del régimen de Maduro y aliado de Guaidó, Diego Arria, el exembajador ante la Organización de las Naciones Unidas, dijo que el acuerdo entre Washington y Caracas es "un negocio criminal", extrañándose que la Casa Blanca haya querido negociar con "un régimen usurpador", además de que es un gobierno al que no reconoce.

Hasta Nayib Bukele, presidente de El Salvador, fue otro de los que arremetió en contra de la Casa Blanca, al decir que "Washington trabaja por sus intereses… Solo somos peones para las elites globales. Nuestras causas son utilizadas y desechadas a conveniencia, ni siquiera depende de lo que hagamos o no".

Lo que este canje de prisioneros, al margen de que si los siete norteamericanos quienes estaban detenidos en Venezuela habían cometido el delito de espionaje y tráfico de armas, más que un triunfo humanitario -como algunos lo han llamado- el acuerdo entre Biden y Maduro, se ha convertido en un dolor de cabeza y en un asunto que puede crecer con efectos políticos y muy costoso para el presidente estadounidense, además de que podría tomarse como 'un mal ejemplo' y que en el futuro más de un país 'vival' quiera aprovecharse del antecedente -aplicar la misma ‘medicina’- para sacar su propio provecho. ¿Usted, qué opina?.

danielo.rodriguez@dbhub.net

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