El “Plan B” y la tormenta de amparos que viene
Como se esperaba, la mayoría morenista y sus aliados en el Senado de la República aprobaron finalmente ayer las reformas electorales conocidas como el “Plan B” que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador a fines del año pasado, luego de que no logró la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional que eliminaría al actual Instituto Nacional Electoral (INE).
En la aprobación de ayer quedó fuera la controvertida cláusula de la “vida eterna” que había propuesto el Partido Verde para que los partidos mayoritarios aliados les pudieran regalar votos para garantizar su registro, que violaba el respeto al voto de los ciudadanos, y que ya había sido eliminada desde el 15 de diciembre pasado en la Cámara de Diputados.
En el “Plan B”, sin embargo, persiste el claro afán oficial de desmantelar el INE en busca de restarle capacidades de operación, y así debilitar la independencia y autonomía del árbitro electoral. Entre otras cosas, ordena reducir 85 por ciento el servicio profesional del INE, baja el número de vocalías, consejos distritales, quita prestaciones y permite nombrar representantes de partido de última hora. Una reforma regresiva, por donde se le vea, y que atenta contra los avances que en materia democrática se han logrado en el país luego de muchos años de lucha contra los tiempos autoritarios del PRI a los que AMLO y Morena parecen querer volver.
Además de la segunda jornada de marchas ciudadanas a la que se ha convocado en todo el país para defender al INE y al voto libre el próximo domingo, una vez que el “Plan B” sea publicado en el Diario Oficial de la Federación vendrá toda una lluvia de amparos, de trabajadores del INE y de ciudadanos en general inconformes con esa nueva Ley, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De hecho esta semana ya el Ministro Alberto Pérez Dayán aceptó siete acciones de inconstitucionalidad interpuestas por partidos políticos opositores como el PAN, PRD y MC, el INE, y diputados y senadores en lo individual, y suspendió la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social en las elecciones locales de este año en el Estado de México y en Coahuila. Además, a la Corte han llegado ya otras 47 acciones de inconstitucionalidad y más de 30 controversias contra el “Plan B” de ayuntamientos no gobernados por Morena de una decena de entidades.
Desde luego, el Gobierno de la 4T no se quedará de brazos cruzados ante estas inconformidades y hará lo propio para presionar a las y los ministros de la Corte para que no se logren los 8 votos necesarios para rechazar el “Plan B”. Ayer, de entrada, la Consejería Jurídica de la Presidencia anunció que impugnará la suspensión que otorgó Pérez Dayán por considerarla una “determinación arbitraria e ilegal”.
Así los rayos y centellas que se ven venir en la cruzada por el INE.
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