El “Plan B” de la reforma energética
Tras un año de litigio con esta empresa española, el pasado 4 de abril el Gobierno mexicano anunció la compra de 13 plantas de la compañía Iberdrola por un monto de seis mil millones de dólares, con lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasará a tener el 55% del mercado de abastecimiento eléctrico en el país. Durante el anuncio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la operación como una “segunda nacionalización” del sector eléctrico en México.
Como cabía esperar, esta operación fue tema de conversación en el polarizado debate en tiempos de la Cuarta Transformación: los seguidores del Presidente aplaudieron la compra y festejaron esta “segunda nacionalización” del sector eléctrico, mientras que los detractores del gobierno la cuestionaron, diciendo que se compró “chatarra” al criticar el tiempo que ya tienen en operación las plantas adquiridas. Criticaron que se sigue apostando por los combustibles fósiles para generar energía y que con esta adquisición, la CFE tiende hacia el monopolio de este mercado.
Negociada en sigilo, la transacción sorprendió a muchos, pues como han recordado columnistas como Alberto Najar, López Obrador había criticado en diversas ocasiones a esta empresa a la que calificaba de “saqueadora” por haber recibido contratos ventajosos durante los gobiernos del panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto. Y muchas veces recordó cómo Felipe Calderón y otros exfuncionarios de su gobierno, como Georgina Kessel, ex secretaria de Energía, se convirtieron en empleados de Iberdrola. Además, el gobierno mexicano negó a Iberdrola la renovación de algunos contratos en 2020 y 2022. No obstante, recordó Najar, el mismo presidente había anticipado un arreglo con Iberdrola.
Y sorpresivamente, así ocurrió. El 4 de abril de 2023, López Obrador difundió un video desde un salón de Palacio Nacional, acompañado del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, del presidente ejecutivo de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, y otros funcionarios del Gobierno y de la empresa.
En su mensaje, López Obrador detalló que las 13 plantas incrementan la capacidad total de generación de la CFE del 39% al 55%, y específicamente en la región noreste del país, aumenta del 7% al 45%. El costo estimado de la operación fue de cinco mil 943 millones de dólares.
Tras esto, sostuvo que esta operación “es una nueva nacionalización. (...) Con esto resolvemos para el corto y mediano plazo el consumo de energía eléctrica que requiere el país en pleno crecimiento y lo más importante de todo: de esta forma garantizamos que no aumenten los precios de la energía eléctrica a los consumidores”, dijo el Presidente.
En el video también se recogen las palabras del presidente ejecutivo de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, quien recordó que desde hace dos años se reunieron y les pidió negociar y llegar a acuerdos. “Dos años más tarde hemos dialogado, hemos negociado y hemos llegado a acuerdos”, y añadió el punto central de su mensaje: “Hemos entendido cuál es la política energética de su gobierno y esa política nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el pueblo de México y que, al mismo tiempo, cumpla con los intereses de nuestros accionistas”, dijo. Es decir, la empresa española ya no quería lidiar con la política energética de la 4T contraria a la participación de los privados en la generación y distribución de energía.
En el mensaje triunfalista que lanzó el presidente, sostiene que al adquirir las 13 plantas de Iberdrola (12 plantas de ciclo combinado que funcionan con gas natural) y una planta eólica, se llega a una “segunda nacionalización” de la industria eléctrica, pero omitió resaltar que si bien esta compra respalda con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, en realidad será operada por un fondo de inversiones privado, el Mexico Infrastructure Partners, que dirigen Raúl Daniel Martínez Chávez, un ex empleado del Bansefi, y Armando Rivera Linares. Hasta ahora no se ha detallado el monto de participación de este fondo privado, pero en los hechos no se trata de una “segunda nacionalización” como festeja el Presidente, sino en una transacción entre privados, mediada por el Estado mexicano.
Lo que sí se puede considerar es que esta transacción se convierte en el Plan B de la Reforma Energética que impulsaba López Obrador y el gobierno de la 4T y que fue rechazada hace un año con los votos unidos de toda la oposición al gobierno. Hay que recordar que uno de los objetivos de la Reforma Energética del presidente era que la CFE tuviera mayoría en la generación de energía eléctrica, de alrededor de 54 por ciento. Ahora, con la compra de Iberdrola, el porcentaje de generación de energía eléctrica del gobierno mexicano pasa del 39.6 por ciento al 55.5 por ciento en todo el país. Si bien no es una nacionalización, lo que sí confirma es un viraje en la política energética vigente en los pasados cuatro sexenios que apostaban por el desmantelamiento de las empresas energéticas mexicanas (Pemex y CFE) a favor de las empresas privadas. La compra de Iberdrola confirma ese viraje.
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