El Memorándum de la capitulación inútil
Hace casi un mes escribí aquí que con la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a los términos de la nueva reforma educativa consensuada entre la Secretaría de Educación y las distintas fuerzas políticas en San Lázaro, al Presidente Andrés Manuel López Obrador se le abría una decisiva disyuntiva, que pondría a prueba al Gobierno de la autollamada cuarta transformación: si cedería o no a los chantajes de quienes fueron sus aliados electorales, aún con el riesgo de perder el apoyo popular que esto podría significar, incluyendo el de una eventual escisión de los 40 diputados de Morena que pertenecen a la CNTE.
Pues bien, para López Obrador tuvo más peso el conservar su hegemonía en el Poder Legislativo que emplear su gran capital político y su inmensa popularidad para poner un alto a la CNTE en beneficio de la educación de las niñas y los niños de este país.
No se puede entender de otra forma el Memorándum que envió ayer el Presidente a la y los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Hacienda, con el que pretende derogar la que él y la CNTE denominan “la mal llamada reforma educativa” promulgada en 2013 en el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
Para López Obrador tuvo más peso el conservar su hegemonía en el Poder Legislativo que emplear su gran capital político y su inmensa popularidad para poner un alto a la CNTE
Lo peor es que más allá de los justificados reclamos de partidos de oposición, organizaciones sociales y empresariales como la Coparmex y juristas que le reclaman al jefe del Ejecutivo que excede sus facultades e invade atribuciones del Poder Legislativo, y que como el ministro en retiro, José Ramón Cossío, consideran que ese documento es “fácilmente impugnable jurídicamente” por carecer de “fundamentación y motivación”, el Memorándum no fue siquiera del gusto de la CNTE.
AMLO pretendió congraciarse con el ala más radical del magisterio ordenando a la SEP reinstalar a los maestros que fueron sustituidos por las “evaluaciones punitivas”, y dar las nuevas plazas de maestros a los egresados de las escuelas normales del país como era la exigencia de la CNTE.
Invadiendo también competencias del Poder Judicial, el Presidente instruyó a la ex ministra y Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hacer las “gestiones necesarias” para liberar a los líderes y activistas magisteriales detenidos durante las protestas contra la reforma educativa el sexenio pasado, así como tramitar las indemnizaciones respectivas.
Sin duda eso gustó a la CNTE. Pero lo que para nada les agradó sin que lo hayan dicho explícitamente, es que López Obrador haya pedido a la Secretaría de Hacienda, mantener el control de la nómina magisterial y a la Secretaría de Educación de administrar las plazas, privilegios y canonjías cuya recuperación, es la motivación principal de este sector radical del magisterio.
Se trata, pues, de una especie de declaratoria de rendición inútil que le creará más antipatías que las simpatías que tanto le gusta conquistar al Presidente.
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