El IFE-INE y el alzamiento zapatista
La exigencia de Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores para que se organice en abril de este año una consulta de revocación de mandato presidencial ha sido leída por los adversarios del gobierno de la Cuarta Transformación como una agresión al Instituto Nacional Electoral (INE) e incluso como un ataque a la democracia. En esta lectura se asume que el INE, una onerosa burocracia, representa la esencia de la democracia liberal en el país, por lo que los cuestionamientos a la institución o sus representantes se miran incluso como avanzadas autoritarias.
La crítica o defensa del INE se ha convertido el nuevo campo de batalla de los pro AMLO o anti AMLO que inunda y envenena el debate político en México. Más allá de estos bandos se debe mirar al INE con ojos críticos por encima de la polarización del actual gobierno.
Como dije, los defensores del INE lo creen como la encarnación de la democracia liberal en México, que gracias a esta institución se terminaron los fraudes electorales y las prácticas irregulares que conculcaron la voluntad popular en México con métodos como el relleno o robo de urnas, el Ratón Loco, el acarreo, la compra de votos o la burda alternación de actas de casilla.
Los defensores del INE creen que se debe a esta institución la alternancia política y hasta la transición a la democracia y consideran a algunos de sus consejeros presidentes casi como apóstoles de la democracia, como a José Woldenberg.
Pero lo cierto es que el Instituto Nacional Electoral (INE), antes IFE, nació bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari como un intento, fracasado, para legitimar el sistema de control electoral que tenía el viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En su primer diseño, el IFE era presidido por el secretario de Gobernación en turno. La transformación del IFE en un organismo “ciudadano” y luego constitucional autónomo debe más al alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, y la crisis política nacional y del régimen priista que presidía Carlos Salinas.
Tras el alzamiento zapatista, el gobierno desató la guerra contra el ejército campesino maya con la intención de someterlo, así fuera masacrándolo. Gracias a las movilizaciones de la sociedad civil que exigieron un alto a la guerra, Carlos Salinas se vio obligado a ofrecer diálogo y una salida negociada a las reclamos del EZLN.
En este punto, hablamos de las dos o tres primeras semanas de enero de 1994, se detonaron dos crisis: una al interior del gobierno salinista y del PRI con el nombramiento de Manuel Camacho Solís como encargado del diálogo con los zapatistas en Chiapas, lo que provocó que el arranque de campaña del delfín salinista, Luis Donaldo Colosio Murrieta, pasara desapercibido. Esta fue la ruptura definitiva al seno del partido gobernante, que terminó, como ya sabemos, con el asesinato de Colosio en Tijuana, el 23 de marzo del mismo año.
Pero la otra crisis, la más relevante, fue una crisis de legitimidad del régimen. Tras el alzamiento zapatista, terminó de hundirse la credibilidad del régimen, y de sus prácticas e instituciones, entre ellas el IFE.
A fin de conseguir un mínimo de credibilidad del proceso electoral en curso, Carlos Salinas debió aceptar un consejo general del IFE “ciudadano” y quitar al consejo anterior que operaba totalmente para el PRI. En ese momento el presidente del IFE era el secretario de Gobernación, Patrocinio González Blanco Garrido, ex gobernador de Chiapas de negro historial.
Salinas relevó de Gobernación a Patrocinio González y puso en su lugar a Jorge Carpizo McGregor, ex rector de la UNAM y ex procurador de la república.
Es entonces que se llama a “ciudadanos” al consejo general. Se designó a José Woldenberg, Fernando Zertuche Muñoz, Santiago Creel Miranda, Ricardo Pozas Horcasitas, Miguel Ángel Granados Chapa y a José Agustín Ortiz Pincheti, el 3 de junio de 1994, apenas unos meses antes de la elección presidencial celebrada en agosto. En la elección arrasó el candidato del régimen, Ernesto Zedillo Ponce de León, gracias al voto corporativo de los tradicionales sectores priistas y al voto comprado mediante la estructura de los comités de Solidaridad que Salinas construyó en su sexenio. Gracias este IFE “ciudadano”, la elección no fue impugnada, y a partir de ese cambio nació un prestigio del IFE como órgano independiente del poder. Pero no es así. Todos los consejos electoral han jugado como comparsas de legitimación de elecciones que están lejos de ser limpias e imparciales.
Y la mayoría de quienes han sido consejeros están lejos de haber ganado credenciales democráticas en luchas en las calles contra el autoritarismo, la antidemocracia, el corporativismo, el caciquismo. Nunca han repartido un volante o hecho una pinta, o marchado para ganar el régimen de votaciones que muchos consideran una democracia ejemplar.
Los consejeros del IFE-INE son burócratas consentidos con sueldos estratosféricos, con prestaciones que los convierten en una élite burocrática
Los consejeros del IFE-INE son burócratas consentidos con sueldos estratosféricos, con prestaciones que los convierten en una élite burocrática acostumbrados a sostener “reuniones de trabajo” en los restaurantes más caros y pasar el RFC oficial que les paga sus cuentas. Defender a esta burocracia elitista y privilegiada está lejos de constituir una defensa de la democracia, que por lo demás estamos lejos de tener en México.
Si ha habido cambios en el organismo electoral, es gracias a las luchas por democracia sindical que emprendieron Valentín Campa y Demetrio Vallejo, a las luchas estudiantiles de 1968 y 1971, a la insurgencia sindical de los 70, y a episodios sociales como el alzamiento zapatista de enero de 1994 que ha hecho más por “ciudadanizar” el IFE-INE que ninguno de los consejeros que cómodamente viven del erario.
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