Disentimientos de la nación
En los últimos meses, el Gobierno de López Obrador ha impulsado un paquete de reformas que, de ser aprobadas, cambiarán drásticamente el panorama institucional y económico de México. La eliminación de organismos autónomos y la reforma al Poder Judicial, que busca la elección popular de jueces y magistrados, representan un riesgo innecesario para el país. Aunque las iniciativas se presentan bajo la bandera de “democratizar el poder y reducir la corrupción”, las implicaciones podrían ser devastadoras para la estabilidad del país.
Primero, es crucial entender el papel que juegan los organismos autónomos en México. Instituciones como la Cofece, el INAI y el IFT han sido baluartes en la defensa de la competencia económica, la transparencia y la protección de datos. Son órganos que, debido a su autonomía, pueden actuar con independencia del Ejecutivo, regulando sectores cruciales como telecomunicaciones y energía, y protegiendo los derechos de los ciudadanos. Al desaparecer o ser absorbidos por el Gobierno, se pierde esa independencia. La historia nos ha demostrado que un poder centralizado tiende a la opacidad y a la ineficiencia.
Pero el peligro no es solo interno. La desaparición de estos organismos autónomos envía una señal de alarma a los inversionistas extranjeros. México ha sido históricamente un destino atractivo para las inversiones debido a la existencia de un marco regulatorio estable y confiable. Sin reglas claras y actores imparciales, las empresas extranjeras reconsiderarán invertir en un país donde la posibilidad de favoritismos y monopolios se incrementa. Y cuando las inversiones se alejan, los empleos también lo hacen.
A esto se suma la fuga de capitales nacionales. Los empresarios mexicanos no son inmunes a la incertidumbre política. Si el entorno se percibe como inestable o riesgoso, buscarán otras plazas más seguras para sus inversiones.
En cuanto a la reforma judicial, la propuesta de elegir jueces y magistrados mediante voto popular es una receta para la politización de la justicia. Los jueces no deben responder a intereses electorales, sino a la ley. Permitir que estos cargos sean decididos por votaciones populares abre la puerta a que los jueces se alineen con agendas políticas, comprometidos más con su electorado que con la impartición imparcial de justicia.
Este tipo de cambios drásticos también pueden tener repercusiones internacionales. El T-MEC exige la existencia de organismos autónomos que supervisen sectores estratégicos como la competencia económica y la protección de datos. Ignorar estas obligaciones podría llevar a disputas comerciales con Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales. Las consecuencias económicas de una fractura en estas relaciones serían enormes, especialmente en sectores como la manufactura y la agricultura, que dependen en gran medida de las exportaciones a estos mercados.
Finalmente, estas reformas afectarán directamente el nivel de vida de los ciudadanos. Menos inversión significa menos empleos, salarios más bajos y una reducción en la calidad de vida. Los programas sociales, que son la piedra angular de la administración actual, se verán afectados por la disminución de ingresos fiscales, y la concentración del poder solo exacerbará la desigualdad y la pobreza.
México no necesita más poder centralizado, ni jueces que deban responder a las urnas. Lo que necesita es un sistema que fomente la confianza, que atraiga inversiones y que garantice la independencia de sus instituciones. Las reformas propuestas, lejos de fortalecer al país, lo debilitan, exponiéndolo a riesgos innecesarios y peligrosos. Es momento de reflexionar sobre las consecuencias de estos cambios y exigir que el Gobierno priorice la estabilidad económica y social por encima de los intereses políticos.