Diputados ponchados
Ahora que el beisbol está de moda entre los funcionarios, el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora, puede presumir de tener un alto porcentaje de bateo de tantas veces que le ha dado palo a las peticiones de diputados de Morena y el PRI para que comparezca a explicar el avance de la inversión en obra pública.
Luego de poner de pretexto su apretada agenda y pedir tres cambios de fecha, en la más reciente comunicación el funcionario de plano mandó decir que ya les dará los detalles a finales de noviembre, cuando le toque acudir al Congreso como parte de la glosa del segundo informe del gobernador.
No es la primera vez que los legisladores salen ponchados cuando piden comparecencias; recordemos que la titular de la Policía Vial, Minerva Magaña, dejó plantado al diputado Jonadab Martínez y que tampoco se concretaron las comparecencias por el programa A Toda Máquina.
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Alfonso Durazo anunció que a partir del 30 de octubre dejará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo hará para concentrarse en su candidatura a gobernador de Sonora.
Su paso por esa dependencia puede catalogarse de gris tirando a ineficiente. Sin una estrategia clara, coordinada y efectiva contra la delincuencia, se colgó de la reducción de delitos provocada por la pandemia para presumir buenos resultados.
El Presidente ahora tiene la oportunidad de nombrar a un sucesor con mayor capacidad y mando. Suenan desde Omar García Harfuch hasta Marcelo Ebrard. A ver qué decide el inquilino de Los Pinos.
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Quienes tuvieron un rol importante en la iniciativa de la Ley de Filmaciones presentada en el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara fueron los del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Equitativo Sostenible (Coincydes), que encabeza el empresario César de Anda Molina junto con los de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), que en Jalisco preside Jorge González Castañeda y que dirige Romelia Álvarez.
Ambos organismos participaron en la contratación de despachos especializados para que se tomara en cuenta en la redacción de la ley las mejores prácticas internacionales en la materia.