Dinero ilegal en las campañas
Ahora mismo, en este momento, mientras los aspirantes a la Presidencia de la República, gubernaturas, alcaldías y legislaturas hacen campaña, en la sombra, están fluyendo ríos de dinero ilegal a las maquinarias electorales.
A pesar de que el sistema electoral mexicano es uno de los más caros del mundo, y a pesar de que hay un cuestionamiento casi generalizado al elevado financiamiento público que reciben los partidos, el dinero legal que entra a las campañas no alcanza para costear los gastos totales que se derivan de la lucha por el poder público. Por esa razón, entran ríos de dinero ilegal a las arcas de los partidos.
Los topes de costo de campañas electorales fijadas por las autoridades electorales son irreales, falsos, no se cumplen. El Instituto Nacional Electoral (INE) fijó un tope de 429 millones de pesos (mdp) para la campaña presidencial.
En Jalisco, el límite de gasto para la campaña por la gubernatura fue fijado en 28.5 mdp; para la presidencia de Guadalajara en seis mdp; en Zapopan cuatro mdp, en Tlaquepaque 2.2 mdp y en Tlajomulco y Tonalá 1.5 mdp. Hay municipios donde el tope de campaña cuesta lo que se gasta en invitar una birria a los simpatizantes de un candidato.
Los topes de campaña son irreales porque buscar esos puestos de poder (presidencia, gubernaturas, alcaldías) cuesta mucho dinero. A pesar de que se supone ya no gastan en publicidad en medios informativos.
Además, hay que pagar un equipo de campaña que acompaña al candidato, lo asesora, le organiza su agenda, lo protege, lo transporta, le da de comer, etcétera. Es el equivalente a dar de alta a una pequeña o mediana empresa.
El costo principal de una campaña política no es el gasto publicitario ni el equipo de campaña, sino la llamada “estructura electoral”, es decir, los equipos de responsables (pagados) que promueven el voto a favor del cliente en todas las demarcaciones electorales: federal, estatal, municipal, distrital, hasta el seccional.
Dependiendo de la campaña, estas “estructuras electorales” pueden estar integradas por cientos de miles, decenas de miles, o hasta cientos de miles de personas. A la mayoría hay que pagarles porque la convicción política y la militancia no pagada es un bien escaso. Hacer que funcione esa maquinaria de cientos de miles de militantes pagados para buscar votos es muy costoso. Es tal el tamaño de esta fuerza de trabajo que bien podríamos hablar de un sector de la economía llamado “industria electoral”.
María Amparo Casar y José Luis Ugalde, acaban de publicar el libro “Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”, donde aseveran que por cada peso que un candidato reporta al INE o autoridades electorales, se gastan otros 15. Este dinero ilegal provine de tres fuentes: desvío recursos públicos, dinero privado aportado por futuros contratistas y dinero del crimen organizado.
Según el mismo estudio, armar una estructura de promoción del voto en Jalisco cuesta unos 355 millones de pesos, en tanto que el tope de gasto para la campaña a gobernador es de 28.5 mdp. Eso explica que existan, ahora, en este momento, flujos de dinero ilegal a las campañas.