Violencia electoral: la irresponsabilidad compartida
Algo anda muy mal cuando los gobiernos se preocupan más por saber quién tiene la culpa de un trámite burocrático (quién debió mandar el papel solicitando la protección de una candidata) que por detener y procesar a los responsables del asesinato. Es una obviedad decir que hay problemas de seguridad en todo el país, lo realmente novedoso es la preocupación de las autoridades por sacarse la responsabilidad. La pregunta no es, como quisiera la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quién debía otorgarle seguridad a la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán, sino por qué alguien, dentro de ese monstruo amorfo al que llamamos crimen organizado, puede matar a una candidata a plena luz del día y no pasa nada; por qué en los últimos cuatro meses el crimen organizado ha matado a 21 candidatos y ciudadanos relacionados con los procesos políticos de diferentes partidos y no hay personas detenidas por ello.
En este discurso convertido en cantaleta de “estamos atendiendo las causas de la violencia”, el Gobierno se ha olvidado de hacerse cargo de las consecuencias. Está muy bien atacar las causas, aunque sigo pensando que lo que explica la criminalidad no es la pobreza -misma que hay que combatir por muchos otros motivos- sino la falta de Estado de derecho. Dicho en otras palabras, procurar la justicia social no suple la obligación de los gobernantes de aplicar la ley.
El asesinato de la candidata de Morena en Celaya subió una raya más el nivel de violencia política en este país. No sólo porque se trata de una mujer candidata, un feminicidio político (el otro caso de una mujer asesinada en el contexto de este proceso electoral fue la dirigente de MC en Jacona, Michoacán) sino por el tamaño e importancia de la ciudad donde ocurre, una urbe industrial de cerca de un millón de habitantes, lo que no había sucedido en los años recientes.
Mientras los criminales puedan disponer de la vida de otra persona, sea una persona pública o un ciudadano de a pie, da igual si fue el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato o las autoridades federales quienes fallaron en el protocolo de protección. Guanajuato, que gobierna el PAN, es un desastre en materia de seguridad, como lo es Jalisco que gobierna MC o Michoacán que tiene gobernador de Morena. Todos los gobernadores son omisos en su responsabilidad, eso ha quedado muy claro, lo grave es que la autoridad federal también quiera serlo.
Hay, en el mejor de los casos, una irresponsabilidad compartida y un igualmente compartido afán no por perseguir el delito sino por repartir culpas.
diego.petersen@informador.com.mx