Un ojo a las compras del Gobierno

La corrupción tiene muchísimas caras. Dos de ellas son las más comunes y conocidas: la obra pública y las compras del Gobierno. En ambos casos lo común es la simulación de concursos para hacer asignaciones directas a los cuates haciendo como que cumplen la ley. En ambos casos el precio final termina aumentando sin que nadie chiste. Uno de los momentos clave de la simulación es el de la asignación en la que participan testigos sociales. Esos testigos suelen ser representantes de las cámaras empresariales que terminan siendo juez y parte y no defensores del mejor interés de la sociedad ni vigilantes del buen ejercicio del gasto público.

Uno de los temas a debatir en el parlamento abierto que hoy comienza es si las cámaras empresariales deben o no mantenerse en los comités de compra. Para algunas cámaras no estar ahí es una tragedia, pues representa una buena parte del sentido de su existencia, pero eso es problema de ellas, no nuestro. Más allá de eso, la pregunta es si los organismos empresariales realmente representan los intereses de la sociedad. Las cámaras llegaron a los comités como parte de los acuerdos corporativos del sistema político del siglo pasado. Su función era avalar las decisiones del gobernante en turno, nada más. Con la llegada de la democracia, el papel de los vigilantes sociales debe ser, al menos en teoría, convertirse en nuestros ojos, oídos y voz en los concursos de obra y de compras gubernamentales. En la práctica nada de eso sucede y han sido sólo avaladores de decisiones. Son muy pocos los casos en que un representante de una cámara empresarial protesta y logra detener un concurso amañado. Cuando esto sucedió fue porque algún periodista metió las narices y la presión social fue capaz de frenar una decisión.

Para muchas cámaras, la representación social en los concursos de compra y obra pública son un coto de poder, significan ser parte de la aduana para administrar los intereses. No son los que deciden, pero sí los que pueden atorar la decisión. Ese pequeño poder les da sentido ante sus agremiados y, sobre todo, frente a los funcionarios de Gobierno que necesitan la firma.

Modernizar los sistemas de compras, hacerlos abiertos y con la posibilidad de que cualquier ciudadano vigile; con organizaciones no gubernamentales que se especialicen en la revisión en lugar de las cámaras empresariales monopolizando la representación, hará que tengamos un mejor control del gasto y un poco menos de corrupción. Necesitamos poner un ojo en las compras del Gobierno, un ojo que nos permita meter las narices en aquello que sí nos importa: el dinero de todos.

diego.petersen@informador.com.mx