Narcoterroristas, ¿qué sigue?
Otra vez Donald Trump puso a temblar a la clase política mexicana con la amenaza de declarar a los grupos de narcotráfico en México como terroristas, es decir como grupos que amenazan al Estado de su país, lo cual le permite escalar las acciones de combate. Cuando dicen que el gobierno de Estados Unidos podrá intervenir en México para la defensa de sus propios intereses suena horrible, pero ¿no es exactamente eso lo que hizo el gobierno de Biden pactando con “Los Chapitos” la traición a “El Mayo”, para entregarlo a la justicia estadounidense? Lo que hizo el gobierno de Biden provocó un cambio en la relación con el embajador estadounidense, Ken Salazar, pero no con el gobierno vecino, pues ambos países cuidaron no escalar el conflicto.
La amenaza de Trump no solo es delicada por la intervención y violación a la soberanía, sino por la violencia que podría generar en todo el país. El caso Sinaloa, donde van ya más de 600 muertos y cientos de desaparecidos tras el inicio de la guerra entre los bandos, nos puede dar una idea de lo que eso que significa. Aunque difícilmente se repetirán en otro lugar las condiciones de Sinaloa, donde no solo cayó el capo más longevo del tráfico de drogas en México, sino que tiene un componente de traición que generará mucha violencia en tanto alguno de los dos bandos se impone. El antecedente más parecido a esta confrontación por traición la vivimos en Jalisco en la guerra entre los grupos de la llamada Resistencia y Los Torcidos, tras la traición y detención del Lobo Valencia en 2009 que terminó con la creación del hoy conocido Cartel Jalisco Nueva Generación.
Un cálculo actuarial de un grupo de investigación, coordinado por Rafael Prieto Curiel y publicado en la revista Science, estima que en México trabajan directamente para el crimen organizado alrededor de 175 mil personas, esto sin contar a los que lavan dinero ni a los jueces, policías y políticos que están en la nómina de los grupos criminales. El crimen organizado en general es el quinto empleador de México, solo detrás de FEMSA (Coca Cola), Walmart, América Móvil (Telcel) y la agencia de colocación de personal Manpower, y está por encima de Pemex, la paraestatal más grande del país. Por supuesto que se trata de un cálculo, pues no existe un registro de nómina del crimen organizado, y en realidad hablamos de un sector económico, no de una sola empresa. Sin embargo, este cálculo nos resulta útil para dimensionar el tamaño del reto y lo que significaría abrir simultáneamente frentes en varios estados por el descabezamiento simultáneo de los principales cárteles.
El margen de error del gobierno mexicano es cada día más pequeño. Al gobierno de Claudia Sheinbaum no le quedará más remedio que declarar de facto la guerra al crimen organizado, aunque esperemos que sin la torpeza de Calderón de llamarle guerra y con una estrategia que haya aprendido de los errores del pasado.