Militarización y rendición de cuentas
Uno a uno, como limones que caen podridos de un árbol, los mitos sobre las virtudes de la militarización de las tareas públicas se van derrumbando. Nos prometieron que con la Guardia Nacional militarizada y el permiso para que el Ejército participara en tareas de seguridad se reduciría la violencia en México. No sucedió. Nos dijeron que el Ejército era mejor haciendo la obra pública porque cumplían a rajatabla lo que se les pedía. La experiencia con el Tren Maya dice todo lo contrario: los tramos 5 y 6 se han hecho contra toda norma, el presupuesto se ha triplicado y no han terminado. Nos dijeron que con las aduanas en manos de la Marina se terminaría la corrupción. No fue así; por el contrario, solo se ralentizaron y burocratizaron los procesos, lo que ha favorecido nuevos esquemas de corrupción. El Ejército iba a mejorar la distribución de medicinas. Nunca ocurrió. La compra de pipas desde las Fuerzas Armadas iba a acabar con el huachicol. El robo de gasolina nunca se detuvo. El colmo fue que se les asignó el bacheo de carreteras. Sin comentarios, son un desastre.
El gran aporte de las Fuerzas Armadas en las tareas de la vida pública destinada a los civiles ha sido la opacidad. No tenemos ni mejor seguridad, ni mejores aduanas, ni mejor obra pública, ni mejor distribución de medicinas; tampoco se acabó el huachicol. Lo que tenemos es menos información de cómo el Gobierno gasta nuestro dinero.
Es probable que algunos altos mandos del Ejército y la Marina se hayan beneficiado económicamente de estas nuevas funciones. No tenemos datos para asegurarlo. Lo que es cierto es que el gran beneficiario de la militarización es el presidente en turno, primero López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum, que gobiernan sin tener que rendir cuentas de nada y con las Fuerzas Armadas en un puño.
Desmilitarizar la vida pública será una tarea larga y compleja. Lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos, pensar que la vida pública tendrá en adelante una serie de funciones que realizan las Fuerzas Armadas y en las que no tenemos derecho a saber ni opinar. Si transparentar el gasto que se ejercía a través de las secretarías de Marina y Defensa era ya una tarea urgente, más lo es ahora que tienen una parte más importante del ejercicio presupuestal.
La próxima desaparición del INAI hará aún más complejo para los ciudadanos el acceso a la información pública. Por lo mismo, hoy, como hace 50 años, el derecho a la información vuelve a ser una causa. No importa quién sea el gobernante, si nos cae bien o mal, si votamos por ellos o no.
Conocer lo que se hace y deja de hacer, exigir que nos rindan cuentas, es un derecho ciudadano que hoy está en riesgo de desaparecer.