La última trinchera
La oposición dará esta semana una batalla clave que definirá en muchos sentidos su existencia y la de la división de poderes como la conocemos actualmente. Morena está a un voto de romper la barrera que implicaría la aplicación del llamado Plan C, que no es solo la reforma judicial, sino todas las que vienen detrás.
Resulta paradójico que la gran defensa que buscará hacer la oposición esta semana sea de algo tan indefendible: el Poder Judicial. Pasamos en la transición democrática de una justicia controlada por el Poder Ejecutivo, el presidente de la república o el gobernador de cada estado, quien nombraba a todos y cada uno de los ministros de la Corte, en su caso, a los magistrados del Poder Judicial del estado, a uno controlado por poderes fácticos, donde los partidos se dividían los espacios y donde se nombran ministros, magistrados y jueces por el sistema de cuotas y cuates, cuando no literalmente por subasta, como sucedió en algunos estados. En ningún poder hay tanto nepotismo como en el judicial.
Es importante parar esta reforma porque no es la reforma que se necesita, pero hay que tener claro que se requiere un cambio profundo, inteligente y con sentido social, es decir, que asegure el acceso a la justicia a los que menos tienen.
Lo primero que hay que tener claro es que se necesitan muchos más jueces, sobre todo en el fuero común. La justicia no llega a decenas de miles de mexicanos que están detenidos en espera de un juicio por la absurda e injusta prisión preventiva oficiosa. Una justicia “rápida y expedita”, como dice la Constitución que debe ser, requiere también que esta sea menos burocrática y más transparente.
Otro elemento tiene que ver con la forma en que se designan los jueces. Es cierto que elegirlos por voto popular, como propone la reforma, es una muy mala idea, así como insostenible es seguir con designaciones de jueces por compadrazgo. La carrera judicial tiene que fortalecerse con mucha más vigilancia de la sociedad civil y de los otros poderes. Si de algo ha de servir esta propuesta de reforma, pase o no pase en el Senado, es para iluminar, para vigilar mucho más y sacar del oscurantismo todo lo que pasa en el Poder Judicial.
Finalmente, el problema más grave de la justicia mexicana es la corrupción. Los consejos de la judicatura federal y de los estados que se instauraron en los años noventa, lejos de castigar la corrupción, se convirtieron en una forma de presión para que los jueces fallaran conforme al deseo de los consejeros de la judicatura. El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que propone la reforma tampoco será la solución, pues lo único que cambia es la composición del tribunal y la severidad de los castigos, no la vigilancia de los procesos.
Esta semana es clave. Mantener la última trinchera obligaría a hacer una reforma mucho más cuidadosa y pensada desde las necesidades de la justicia y no de la política.