La opacidad traslúcida o las trampas de la transparencia
Nunca me ha gustado el discurso en torno a la transparencia por una sencilla razón: es la forma en que los políticos se apropiaron para sí, como atributo propio o de sus administraciones, algo que es mucho más profundo y esencialmente ciudadano: el derecho a la información.
La crisis generada desde el Gobierno de López Obrador para inhabilitar al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y la desaparición por decreto de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, son dos atentados contra el derecho a la información, contra nuestro derecho a saber.
El derecho a la información, entendido como el derecho de todo ciudadano por el simple hecho de ser ciudadano a conocer la información de lo que se hace o se deja de hacer con nuestro dinero, fue la gran conquista ciudadana tras la transición a la democracia. Un movimiento en el que por cierto López Obrador no sólo fue ajeno sino un obstaculizador cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. El llamado grupo Oaxaca consiguió que la reforma al artículo 6 de la Constitución realizada en el sexenio de López Portillo, cuando se consagró el derecho a la información como una de las garantías individuales, finalmente fuera operativizada con una ley que obliga todas las entidades del Estado mexicano a responder a cualquier petición de información que requiera un ciudadano.
El derecho a la información no evita la corrupción, como el derecho a la propiedad tampoco evita los robos. Los delincuentes son delincuentes independientemente de nuestros derechos. Lo que sí hace el derecho a la información es que empodera a los ciudadanos frente al Gobierno en turno y obliga a los gobernantes a hacer públicos cada uno de sus actos y de sus decisiones.
La Mañanera no es un ejercicio de rendición de cuentas. Pero, aunque lo fuera, nada tiene que ver con el derecho a la información. En las conferencias de prensa matutinas el Presidente informa lo que él quiere que sepamos o en el mejor de los casos, lo que se imagina que queremos saber. Es una comunicación vertical, controlada desde el poder para el fortalecimiento del poder. El derecho a la información es justamente lo contrario, aquello que los ciudadanos queremos saber, sin importar la motivación y si eso afecta o beneficia al Gobierno en turno.
La cancelación de Notimex no es producto de una intención de ocultamiento de información o perversidad política sino de la más vulgar ineficiencia administrativa e incapacidad de gestión. Un mal director, en este caso una mala directora, llevando al extremo la ideologización de la agencia de noticias frente a un sindicato anquilosado en un Gobierno que no resuelve. Ante la incapacidad para resolver el conflicto se optó por la salida fácil: desaparecer el problema. Notimex tenía la insustituible función de dar a conocer la información de lo que sucedía en todos los rincones del país, algo que ningún medio ni agencia gubernamental puede hacer.
Confundir la opacidad traslúcida de la Mañanera con derecho a la información es una de las trampas de la transparencia. Defender al INAI es tan importante como defender al INE. Perderlo sería uno de los grandes retrocesos democráticos de nuestra historia.
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Diego Petersen Farah