El fracaso de la política de seguridad
La sociedad, los gobiernos, y en gran medida los medios, hemos convertido a los homicidios en un asunto publicitario. ¿Más o menos homicidios significa mejor o peor acción de un Gobierno? En principio podríamos pensar que sí, que efectivamente el número de homicidios en un tiempo y territorio determinados hablan de una mayor o menor seguridad. El indicador es importante primero porque proteger la vida de los ciudadanos y darnos seguridad es el primer deber y razón de ser del Estado. Segundo, porque de todos los indicadores de seguridad es el más difícil de manipular. Basar la evaluación de la seguridad sólo en ese indicador es, sin embargo, tramposo.
Tanto el Gobierno federal como del Estado de Jalisco presumen una reducción en el número de homicidios en el año que recién terminó con respecto al inmediato anterior. A escala nacional pasamos de 73.6 homicidios dolosos al día en 2022 a un promedio diario de 66.3 en 2023, una reducción de poco más de diez por ciento. Es claramente insuficiente, pero no está mal. Algo similar sucedió en Jalisco donde pasamos de 4.7 a 4.3 asesinatos por día. El problema está en que dicha reducción de los asesinatos, que tanto festejan el Presidente y el gobernador, es menor al incremento de personas desaparecidas de un año a otro (11,895 en el 2023 frente a 9,077 en 2022 en el país).
A la pregunta de si hoy el país y el Estado son más seguros que hace un año, la respuesta es no. Si sumamos homicidios más desapariciones estamos, en el mejor de los casos, igual; murieron o desaparecieron el mismo número de personas en un año y otro. Si lo vemos en una comparación de los primeros cinco años de este sexenio contra los primeros cinco años de cualquier otro sexenio, estamos mucho peor.
Hay que salirnos del discurso tramposo de los muertos de Calderón, los muertos de Peña Nieto y los muertos de López Obrador. Los muertos son todos nuestros. No son de un bando u otro del crimen organizado, ni de un Presidente o gobernador, son hombres y mujeres, la mayoría jóvenes, que murieron o desaparecieron dejando familias rotas, pueblos heridos y una sociedad incompleta y más frágil.
Los gobiernos no quieren hablar de desaparición, tampoco quieren buscar. Prefieren manipular cifras, escamotear el derecho de las víctimas antes que reconocer que la seguridad, nuestra seguridad, está en manos de otros, que son esos otros quienes deciden quién muere y quién desaparece; cuándo y a quién se busca. Prefieren manipular cifras antes que reconocer que la política de seguridad ha fracasado.