El estilo personal de torcer a ley
Los políticos que hacen carreras largas, que comienzan de jóvenes y van escalando, acomodándose a las circunstancias, generan un rastro, un estilo personal de ejercer el poder que los identifica. El del diputado José María Martínez es torcer la ley.
El hoy líder de la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco no es un improvisado. Tiene una larga trayectoria que comienza en el PAN, el partido que a finales de los años noventa y principios de los dos miles dominaba el acceso al poder en Jalisco. Se vinculó al grupo de Francisco Javier Ramírez Acuña desde la campaña a la presidencia municipal de Guadalajara en 1997 y de ahí creció como uno de los operadores políticos más importantes del blanquiazul. José María Martínez, “Chema”, como le llaman sus cercanos, entendió que la llave de acceso al poder de aquellos años en el PAN pasaba por dominar las asambleas y se dedicó a hacer afiliaciones masivas en el sur de la ciudad. A partir de ahí negociaba su apoyo a las candidaturas y luego gestionó las propias. Este método neo corporativista le dio a Martínez para ser diputado, regidor e incluso senador, y para negociar cuotas en el Poder Judicial y en las instituciones electorales.
Pocas cosas se recuerdan del paso de Martínez por estos encargos públicos, salvo haber instalado en el Senado una comisión de la familia para impedir que se legislara a favor del aborto y los matrimonios del mismo sexo, por cierto, una acción ampliamente criticada por la izquierda que hoy dice representar. Lo demás ha sido su forma muy particular de torcer la norma, leguleyadas para brincarse los impedimentos legales y favorecer a quién él desea o negocia. Logró ser regidor de Guadalajara en el trienio 2007-2009 a pesar de no cumplir con los requisitos de elegibilidad, pues no renunció a tiempo a su encargo anterior. Logró “convencer” a los consejeros electorales del estado de Jalisco de hacer una extraña interpretación de la ley de igualdad de género para favorecer a su hermana; la interpretación fue tan chafa y forzada que a la postre fue desechada por el Tribunal Electoral.
El nombramiento de la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el fallido proceso de nombramiento de la presidenta del Itei tienen la marca de la casa: torcer la legalidad con base en “interpretaciones” para que los acuerdos políticos prevalezcan sobre el espíritu de la ley. Si se legisló para que los funcionarios públicos con menos de dos años de separación de su cargo no pudieran ser elegibles para presidir la CEDHJ fue justamente para evitar que llegaran al puesto personas con vínculos políticos con las administraciones del momento. Si se legisló que el primer filtro para elegir a quien preside al Itei fuera el consejo consultivo fue justamente para asegurar la capacidad técnica y la mayor independencia posible de quien presida el Instituto.
Ambos organismos fueron pensados como contrapesos a los poderes del Estado. Pero, cuando el estilo autoritario del gobernador Enrique Alfaro se encuentra con el estilo personal de torcer la ley del diputado José María Martínez al frente de la bancada opositora, los requisitos legales son simples escollos para una dupla poco democrática y nada escrupulosa.
diego.petersen@informador.com.mx