Días clave para el presunto magistrado abusador
Otra vez el aparato de justicia y los diputados enfrentan una difícil prueba: desaforar, procesar y sentenciar al magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas.
El juzgador enfrenta cargos por abuso sexual infantil tras difundirse un video en donde toquetea a una menor de 15 años en una cocina.
Esta semana, los diputados del Congreso de Jalisco quieren sesionar para quitarle el fuero y que la Fiscalía estatal lo procese.
Hay condiciones para ello luego de que el magistrado se amparó, pero le fue rechazada la suspensión provisional (aunque siempre puede haber sorpresas con nuevos artilugios legales; sabemos que tiene cuatro amparos tramitados).
A dos meses del escándalo, Covarrubias Dueñas se empieza a quedar solo.
La UdeG lo expulsó hace un mes definitivamente como profesor titular en la Facultad de Derecho en donde asesoró más de 700 tesis.
Sin embargo, me confirman que en días recientes ganó una impugnación y le restituyeron el 100% de su sueldo luego de que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado lo redujo en 70% y lo separó del cargo para investigarlo.
En su defensa ante los diputados, Covarrubias Dueñas alega que los legisladores, al hacer declaraciones mediáticas, lo juzgaron a priori y comprometieron su voto imparcial. También acusa a la Fiscalía de violaciones procesales, además de operar por presiones políticas y mediáticas.
Sus derechos, subraya, han sido violados.
A simple vista, estos son los elementos de una defensa legal que se irá por las ramas y en donde el tecnicismo burocrático se aparta del fondo del asunto: el derecho de la víctima a la justicia.
La ruta jurídica para castigar a Covarrubias Dueñas luce llena de obstáculos y malabares legales, una especialidad de los magistrados en este país. Con cualquier pretexto, una firma, una notificación a destiempo o una insignificancia procesal, retardan la impartición de justicia. Sus abogados se dedican, no a ganar juicios, sino a prolongarlos indefinidamente, apostando al cansancio o al olvido. Los juicios contra los juzgadores Armando García Estrada y Alberto Barba son escuela en ese sentido.
Por eso el caso Covarrubias Dueñas tiene dos posibles salidas.
El desafuero y destitución del magistrado, pero sin pisar la cárcel, lo que despertará sospechas de una negociación o pacto cupular.
Y la otra, más difícil, una sanción ejemplar en donde la Fiscalía del Estado le impone de 12 a 14 años de cárcel (lo que marca el Código Penal por el delito de abuso sexual infantil) tras demostrar su culpabilidad.
La pregunta es: ¿Jalisco cuenta con instituciones sólidas y jueces imparciales para que ocurra esto último?