Destruir cuesta
El informe de la Auditoría Superior de la Federación es un balde de agua fría para el gobierno de López Obrador. No solo destruye el discurso de “no somos iguales”, que venía ya con varias abolladuras en el camino sino que, ante la bandera de austeridad y cuidado del erario como lo más sagrado para el presidente, la bomba sobre el costo real de cancelación del Nuevo Aeropuerto de Internacional de la Ciudad de México (NAICM) evidencia algo que no vieron o no quisieron ver: destruir cuesta, y cuesta mucho.
Constatar que hay desvíos en el programa social de Jóvenes Construyendo el Futuro, como lo habían denunciado ya desde hace meses periodistas, de esos que no le gustan al presidente, no es novedad, sólo demuestra que la corrupción no es una tema de partidos, de cambios de administraciones y ni siquiera de buenos y malos sino de sistemas que inhiban, o en el peor de los casos castiguen, las prácticas corruptas. Constatar que hay sobreprecios y corrupción en la construcción de la Refinería de Dos Bocas es algo que también se había denunciado ya, es un proceso inherente a toda obra pública y eso tampoco es novedad, sólo demuestra que la manera de combatir esas prácticas no es asignando las obras a los cuates, porque estos sí son buenos, sino con procesos y licitaciones con estándares internacionales, vigiladas y auditadas permanentemente.
La diferencia entre llegar o no a un sistema de salud como el de Dinamarca está ahí, en gastar bien
esos recursos.
El costo de la cancelación del NAICM de acuerdo con los datos de la Auditoria Superior de la Federación no será de cien mil, sino de 332 mil millones de pesos y contando. La decisión, más ideológica que técnica, tuvo como propósito enviar una señal de rompimiento con el pasado, un mensaje contra la mafia del poder, contra una obra calificada de faraónica y fifí. Con lo que no contaba el presidente fue que romper así con el pasado compromete el futuro. Esos 332 mil millones de pesos equivalen a tirar a la basura tres años el presupuesto de Jalisco, siete años de presupuesto de la UNAM, la mitad de lo que gasta el país en salud en un año. La diferencia entre llegar o no a un sistema de salud como el de Dinamarca está ahí, en gastar bien esos recursos.
“Salvar” a la Comisión Federal de Electricidad con la reforma que están proponiendo el presidente y Bartlett será algo similar. Los costos asociados a la reforma eléctrica, en aras de una rectoría energética que se confunde con proteger a la CFE de sus propias ineficiencias, tendrá también enormes costos asociados, otro crimen para un país con tantas carencias.
¿Austeridad para dilapidar? ¿Ahorramos en lo esencial para derrochar en lo ideológico? Lo que más debe preocupar a la autodenominada 4T es comprobar que destruir no solo tiene costos indirectos (como la falta de confianza de la inversión) sino que quita recursos a las necesidades más básicas y apremiantes del país. Destruir cuesta. No le cuesta al gobierno, no le cuesta al presidente, nos cuesta a todos.
diego.petersen@informador.com.mx