Despilfarros municipales recargados

Definitivamente, la austeridad no es el fuerte de los ayuntamientos metropolitanos, sino una de sus grandes debilidades en detrimento de la calidad de los servicios públicos a la ciudadanía.

A la llegada de las administraciones municipales con la y los presidentes municipales emanados del partido Movimiento Ciudadano en octubre de 2015, una de las grandes expectativas era la de si se iba poner fin a la tendencia alcista en el gasto corriente de los ayuntamientos que tenían a Jalisco como campeón en los despilfarros municipales.

A todas luces eso no se ha cumplido a juzgar por el crecimiento en las nóminas municipales que han subido entre un 73 por ciento, como pasó en Tlajomulco de octubre del 2018 que asumieron a la fecha, hasta un 32 por ciento en Guadalajara. En ese mismo lapso, la nomina creció 72 por ciento en Tlaquepaque, 59 por ciento en Zapopan, y 41 por ciento en Tonalá.

Este crecimiento seguramente consolidará a Jalisco en la lista de los 10 estados cuyos municipios son los que más gastan en pago de empleados y oficinas públicas en sus administraciones municipales.

En los municipios de Jalisco, las nóminas de los ayuntamientos han engordado sin justificación alguna en lo que va de la década hasta ubicarse entre las diez entidades que más gastan en burócratas municipales según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales que hizo el Inegi, desde su primera edición en el 2010.

De ese año al 2016, el número de empleados en los ayuntamientos jaliscienses creció de 62 mil 739 empleados a 78 mil 903, con lo que la tasa de personal empleado en administraciones municipales quedó en 984 burócratas por cada 100 mil habitantes, por arriba de la media nacional que es de 828. Y por arriba de Nuevo León que tiene 607, Veracruz 556 y Puebla 541. Con las contrataciones hechas por las actuales administraciones municipales el número de empleados municipales elevó sin duda ese promedio.

Este crecimiento en las nóminas es una clara prueba de que siguen vigentes las lógicas de utilizar los recursos públicos para el pago y mantenimiento de clientelas políticas, que contravienen, por ejemplo, las recomendaciones del libro del año del Banco Interamericano de Desarrollo, que aborda las ineficiencias en los presupuestos gubernamentales en América Latina y el Caribe, que calculan en 220 mil millones de dólares, que apuntan, bastarían para acabar con la pobreza extrema.

Ahí se plantea bajar el gasto corriente y aumentar su inversión pública, para abrir la posibilidad de responder de mejor forma a las dos más grandes exigencias sociales, que son garantizar la seguridad pública y combatir la corrupción, y también para mejorar los servicios de salud.

Queda, pues, ahí en la agenda municipal, como un gran pendiente, el tema de las políticas salariales que sigue consumiendo una gran parte de los presupuestos en detrimento de la inversión pública en infraestructura y en educación, que es lo que detona mayor inversión privada y crecimiento económico. 

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