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Desaparecidos: por ellos, por todos

Una vez más el gobernador Alfaro quiere que le aplaudan el esfuerzo. Dice que ha hecho mucho por aliviar la crisis del Servicio Médico Forense (Semefo). Que hay mucho por hacer, pero que su gobierno ha cumplido. Las víctimas no lo ven así. El Colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos acusa que el problema de saturación en el Semefo es peor que el de 2018, cuando Jalisco se hizo mundialmente famoso por los llamados tráileres de la muerte, camiones refrigerados repletos de cadáveres que circulaban por la ciudad en busca de un lugar para esconderse. 

Ciertamente hoy hay más capacidad para almacenar cuerpos que lo que había hace tres años, pero hay muchos más cuerpos sin identificar. Cada año aumentan y la inversión en los Servicios Forenses no lo hace a la misma velocidad. Eran poco menos de 450 hace tres años; hoy hablamos de más de mil 500. Es más que evidente que la acumulación de cuerpos y restos sin identificar requiere mucho más recursos y personal especializado de lo que ha destinado el gobierno, que el esfuerzo es, por decir lo menos, insuficiente. No es la primera vez que el gobernador niega el problema, en septiembre de 2019 Alfaro dio por resuelta la capacidad del Semefo y acusó a las asociaciones de búsqueda de tener intereses oscuros. Los cierto es que dos años después el reclamo es el mismo y el rezago mayor. 

El problema de fondo es la violencia y en eso tampoco hay nada que presumir. Si bien es cierto que encontrar fosas y entierros clandestinos ha sido un gran avance de la Fiscalía en este sexenio, claramente no basta. Si detrás de cada descubrimiento, de cada hallazgo de cuerpos no hay una investigación, si no sabemos quiénes son las personas encontradas sin vida mucho menos sabremos quién los asesinó y por qué. Mientras eso no suceda no habrá justicia. Pareciera que la apuesta del gobierno alfarista, como lo ha sido de los anteriores, es que la violencia termine porque quienes la ejercen dejen de hacerlo y no porque se impongan la justicia y la paz.

El derecho de las familias a identificar a sus desaparecidos debe ser una prioridad no solo por elemental solidaridad con quienes sufren esta forma de violencia continuada que es la desaparición forzada, sino por lo que significa para todos nosotros: cada desaparecido, cada cuerpo sin identificar es un fracaso del Estado y una derrota de la sociedad. 

Lo que hagamos por ellos nos beneficia a todos.

diego.petersen@informador.com.mx
 

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