Desaparecidos en la casa del terror de Chapalita
¿La confirmación de la Fiscalía del Estado de que las siete personas privadas de su libertad en una de las tres casas del terror, descubiertas este lunes en Chapalita, habían sido ya reportadas como desaparecidas por sus familiares, abre una clara y prometedora línea de investigación que podría dar luz para afinar las estrategias y las rutas para que Jalisco deje de encabezar la lista de entidades donde más ocurre este delito en el país.
Lo que se puede concluir de entrada es que hay un claro eje delictivo que vincula a las mal llamadas casas de seguridad, que son más bien del terror-las desapariciones forzadas-y las fosas clandestinas.
Prueba de que en esos criminales espacios se secuestra, se tortura, muy frecuentemente al grado de la mutilación y la muerte, fue el hecho de que el lunes uno de los hombres plagiados y puestos en cautiverio en la residencia de la Avenida Chapalita, fue encontrado ya sin vida.
Como hemos comentado aquí la impunidad que reina por el casi nulo número de detenciones es el mayor estímulo para que los raptores sigan haciendo de las suyas, ya que saben que es sumamente remota la posibilidad de que sean capturados. De acuerdo a investigaciones de EL INFORMADOR hay sólo 10 personas sentenciadas en prisión por el delito de desaparición forzada en Jalisco, pese a que en la entidad se han registrado 12 mil 289 casos según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), lo que significa que sólo se castiga a un raptor por cada mil 229 víctimas.
Esta terrible estadística que habla de la impotencia de las autoridades para hacer frente a las mafias delincuenciales que cometen las desapariciones, tendrá sin duda una ligera mejoría por lo logrado en el operativo policial en el que se registró la detención inédita de 33 personas, que la Fiscalía del Estado aseguró están vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las detenciones revelan entre otras cosas la llegada de células de presuntos delincuentes de otras entidades del país (5 de Nayarit, 2 del Estado de México, 2 de Sinaloa, 1 de CDMX y 1 de Zacatecas) y de distintos municipios de Jalisco (13 de Gdl, 1 de Zapopan, 1 de Tlaquepaque, 4 de Puerto Vallarta y 1 de Ciudad Guzmán) para operar estas casas del terror, cosa que se suponía, pero que no se había acreditado por la falta de detenidos.
Si esta vez se aprovechan y se le da el seguimiento debido a las confesiones que hagan ante el ministerio público, incluidos los nombres de sus jefes y los policías cómplices, el próximo operativo para rescatar a personas privadas ilegalmente de su libertad y para detener a los encargados de esas casas del terror podría venir de las propias investigaciones de la Fiscalía, y no sólo ya de reportes ajenos o de los que logran escapar de sus captores como ha sucedido en la mayoría de los casos desde que en 2019 se empezó a hacer común esta grave expresión delincuencial. El lograr poner freno al funcionamiento de estos espacios delictivos, sin duda, ayudaría a reducir el número de desapariciones.
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