Desaparecidos en Jalisco, de mal en peor
La primera recomendación que emitió en enero de este año la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), la 1/2021, fue por el tema de las desapariciones, sin duda, el problema número uno de inseguridad en Jalisco.
En ese documento de alrededor de cien cuartillas se enlistaba toda una serie de omisiones que habían cometido los responsables de las investigaciones y de las labores de búsqueda, a partir de las denuncias de familiares de 31 personas desaparecidas.
Desde aquel momento el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tenía a Jalisco como la entidad en la que más desapariciones ocurrían con 11 mil 500 denuncias. Ocho meses después, de acuerdo con la última actualización del gobierno federal, esa cifra creció a 14 mil 15 registros que mantuvieron a nuestra entidad en el lugar número uno de esta lista negra, lejos de los 11 mil 571 casos con los que apareció Tamaulipas esta semana como segundo lugar.
El dato es más que contundente y prueba de que aquella recomendación no fue atendida por la Fiscalía y todas las otras instancias cuya tarea es evitar las desapariciones y sobre todo no dejar impunes las ocurridas para detener a los responsables. Es indicio también que de poco ha servido la nueva de Ley de Personas Desaparecidas en Jalisco, que se pensaba sería un instrumento legal para prevenir este delito y agilizar las búsquedas.
Consecuencia de todo este panorama, la CEDHJ volvió a emitir el miércoles pasado dos recomendaciones más, la 148 y 149 donde vuelve a señalar deficiencias y omisiones en la cadena de acciones que en teoría deben dispararse desde el momento que se presenta la denuncia y la falta de coordinación que se dio ahora que se analizaron los casos de 22 personas desaparecidas.
En estas nuevas recomendaciones se hace énfasis en la lentitud y el colapso que sufre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde poco ha cambiado desde que hace tres años de ahí salió el escándalo conocido como el de los tráileres de la muerte, en los que por la saturación de las morgues en el Servicio Médico Forense paseaban por la ciudad cientos de cadáveres, y por lo que ayer fue vinculado a proceso el ex director del Semefo, Eduardo “N”.
Ahora ahí en el IJCF aumentó la saturación de cuerpos y hay casos de familiares que han tenido que esperar hasta año y medio para recuperar los restos de algún ser querido.
Habrá que ver si ahora luego de estas nuevas recomendaciones dirigidas al Fiscal del Estado, al Fiscal Especial en Personas Desaparecidas, al Director del IJCF, y a los alcaldes de 12 municipios metropolitanos y del interior del estado donde más se han registrado desapariciones y no han funcionado tampoco los comités municipales de búsqueda, hay por fin una reacción que mejore la actuación de estas dependencias a favor de las familias que sufren por no saber del paradero de algún familiar y siguen sin sentirse acompañados por las autoridades y más desamparados que nunca.
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