Desaparecidos: el acierto de priorizar
Transcurre el mes dos del Gobierno de Pablo Lemus y se mantiene la ruta correcta para distanciarse de la evasión y la falta de empatía que imperó en el sexenio pasado en Jalisco ante el lastre de las desapariciones, problema número uno de inseguridad en la Entidad y el más cruel de los delitos.
Tener a un hijo o a una hija desaparecida, dicen una y otra vez sus madres y padres, es como andar errante muerto en vida.
A muy temprana hora de la administración estatal que encabezó Enrique Alfaro se rompió el diálogo con esas dolientes madres y padres y sus familias, así como con los colectivos de búsqueda.
Los avances legislativos en la materia en los últimos seis años, que exigieron en el Congreso del Estado los afectados directos de esta crisis humanitaria en la Entidad y que lograron con la nueva Ley de Personas Desaparecidas, que se aprobó con más de dos años de retraso, nunca se pudo aterrizar en decisiones y acciones de Gobierno. Quedó así en letra muerta como tantas otras leyes. Pero lo inaceptable en este caso es que esa cadena de omisiones contribuyó a que Jalisco se convirtió en el Estado con más desapariciones y más entierros clandestinos.
Es pertinente hacer este brevísimo recuento ahora que, se asegura, se quiere empezar a cambiar esta dolorosa historia, que está ligada y es consecuencia del creciente poder corruptor y de fuego de los grupos delincuenciales que parecen operar a sus anchas en la ciudad y muchas regiones del Estado, con la complicidad de policías y autoridades corrompidas.
Aunque nada se ha logrado aún, es oportuno volver a destacar la voluntad política del nuevo Gobierno lemusista de reconocer la gravedad del problema y elevar a rango de Secretaría del Poder Ejecutivo estatal la dependencia que se encargará de coordinar los esfuerzos de todas las instancias de Gobierno involucradas en la tarea de buscar erradicar las desapariciones.
Desde luego, también la apertura para entablar un diálogo directo con los familiares víctimas de estas privaciones ilegales de la libertad y los colectivos de búsqueda, desde la fase de Gobierno electo y continuada estos primeros días ya como autoridad, como ayer que lograron que se les considere un grupo vulnerable, que se destinen más recursos económicos para esta causa, se mande al Congreso una iniciativa para dar independencia a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y el nombramiento conjunto de funcionarios, como la ratificación ayer de Víctor Hugo Ávila Barrientos en la Comisión de Búsqueda.
Lo que podemos celebrar por el momento, pues, es el acierto de Lemus y su Gobierno de priorizar el problema de las desapariciones.
Ojalá que se siga por esa ruta y se blinden de los muy seguros sabotajes y discordias que intentarán articular los grupos delincuenciales para destruir este incipiente frente común de Gobierno y ciudadanos víctimas de las desapariciones, que, de funcionar, saben que afectaría sus rutinas y lógicas delictivas.