Desafío wixárika, desdén gubernamental
La comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán se ha movilizado como no lo hacía desde hace muchos años para reclamar al Gobierno que cumpla con la restitución de su territorio. El pasado 29 de abril dieron a conocer un manifiesto en el que exigió al Estado mexicano atender su demanda para la restitución de 10 mil hectáreas de su territorio, invadidas por ganaderos nayaritas.
Como se recuerda, en ese manifiesto, se dio un plazo de 10 días para que el Presidente Enrique Peña Nieto se presentara en la comunidad para atender sus peticiones. Con su habitual desprecio por los pueblos indios, el Presidente desoyó la petición para ir a la comunidad.
Los comuneros de San Sebastián Teponahuaxtlán y de Tuxpan de Bolaños han ido escalando su protesta social para exigir el cumplimiento de sus demandas. Desde el 30 de abril, suspendieron las actividades electorales y partidarias en su territorio: ningún candidato, ni partido, ni autoridades electorales pueden hacer actividades en sus tierras.
Diez días después, a partir del 10 de mayo, las autoridades comunitarias anunciaron la suspensión de actividades en 35 centros escolares (preescolar, primaria y secundaria), así como la suspensión en los centros de salud (excepto urgencias).
El pasado 24 de mayo tuvieron una primera reunión con funcionarios frente a quienes leyeron un extenso pliego petitorio, donde además del reclamo de restitución de tierras, exigen atención sobre asuntos educativos, de salud y de seguridad. Luego siguió una segunda reunión, el pasado 5 de junio, a la que asistieron más de quince funcionarios estatales y federales, así como los presidentes municipales de Mezquitic y Bolaños.
En esa reunión el director de Asuntos Agrarios del Gobierno de Jalisco, Mario Vladimir Avilés, les anunció que ya había gestionado recursos federales para pagar la indemnización a los ganaderos nayaritas que tienen invadidas sus tierras.
Las autoridades de San Sebastián Teponahuaxtlán le pidieron un documento o minuta que confirmara ese acuerdo; el funcionario dijo que no lo llevaba, y terminó aceptando que había mentido: les dijo que había ido a una reunión en la Ciudad de México cuando en realidad se había tratado de una video-llamada. Esa mentira molestó a los wixaritari reunidos en asamblea por lo que anunciaron en Radio Universidad de Guadalajara que los funcionarios se quedarían en la comunidad hasta que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz asistiera a la asamblea. Cerca de la media noche, al confirmar que no estaban obligados a quedarse, y con la amenaza de la policía estatal, los funcionarios dejaron la comunidad. Luego se les prometió que el jueves había una reunión en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, para garantizar los recursos que pagarán la indemnización del conflicto de tierras. Una vez más se les incumplió. Ahora se les ofrece una nueva reunión para el lunes.
Así ha sido la respuesta de los distintos niveles de Gobierno a esta comunidad indígena: el desdén, alargar los tiempos, la mentira, la cancelación de acuerdos.
Por eso no debe sorprender si esta comunidad y otras del pueblo wixárika intensifican sus acciones. Es lo que les queda ante el desdén y la negligencia de los gobiernos, es decir, el racismo con la que la clase gobernante sigue tratando a los nativos de los pueblos originarios.