Derecho a la protesta y privilegios de pocos
La crisis por desaparición de personas que existe en Jalisco se ha ido acompañando en los últimos años del ejercicio del derecho a la protesta y libre manifestación de parte de las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos. Lamentablemente, el Gobierno ha utilizado la intimidación, el hostigamiento y hasta la represión para contener estas protestas.
El debate por el derecho a la protesta volvió a encenderse esta semana luego de que el Gobierno violentó una protesta de familiares que buscan a una hija desaparecida. En respuesta a las críticas a esta represión, el Gobierno del Estado publicó un boletín en el que afirma que “en Jalisco se respeta el derecho a la manifestación y a la libre expresión”.
En realidad el boletín referido exhibe la falsedad del supuesto de que hay libertad de expresión y manifestación por igual en la democracia liberal. No es así. La democracia liberal pretende hacer creer que cada persona vale un voto y que la opinión y expresión de cada ciudadano es igual a la de cualquiera.
No es así como se demostró en la protesta de los familiares de Sandra Analí Ramírez Hernández, mujer de 33 años desaparecida el lunes pasado en Jocotán. No se entiende que para esas familias el modo de llamar la atención del Gobierno, los medios y la sociedad es cerrar una avenida, así moleste a cientos o miles de automovilistas.
Pero el Gobierno del Estado consideró que esa forma de protesta afectaba a otros ciudadanos y con ese argumento se les retiró de modo violento. Con esa decisión se anuló el derecho a la libre manifestación y expresión de estas familias que legítima y legalmente exigen la localización con vida de una de sus hijas. Con esta decisión represiva y arbitraria se elimina el derecho a la libre manifestación y expresión de estas familias.
Lo que no ocurriría con familias ricas y acomodadas de la ciudad que tienen los privilegios y contactos necesarios con la clase política para no recurrir a la protesta pública porque para ellos basta comunicarse con el gobernante directamente. Imaginemos que desaparecen a un hijo de una familia rica de Guadalajara. Esa familia y su entorno no tendrán necesidad de salir a una avenida y cerrar el tráfico. Tomarán su celular y en su lista de contactos llamarán al gobernador, al alcalde, al fiscal, al coordinador de seguridad, al jefe militar en turno y le pedirán apoyo para tratar de localizar lo más pronto posible a su hija/hijo. Y es válido. Y seguramente todos estos servidores públicos les dirán que harán todo lo posible para buscar a su familiar desaparecido.
Cuando estos contactos y privilegios funcionan, es más factible dar con el paradero de los familiares desaparecidos. Aunque suene crudo, el privilegio es un factor que cuenta a la hora de la búsqueda de los desaparecidos.
Pero como es obvio, no todas las familias tienen en sus listas de contactos al gobernador o a otros altos servidores públicos en sus teléfonos celulares. Por eso tienen la necesidad de salir a las calles a manifestarse, a marchar, a pegar cédulas de búsqueda y a cerrar calles. Es la forma, el modo en cómo obligan a la autoridad a escuchar sus demandas y buscan la solidaridad del resto de la sociedad.
Puestos en términos concretos: las familias con menos recursos y contactos se ven obligadas a recurrir a los repertorios de la protesta social para plantear sus demandas al poder público y darlas a conocer a toda la sociedad; a las familias adineradas y privilegiadas les basta marcar un contacto de su celular para pedirle al gobernante en turno su apoyo. Se debe ser empáticos con las familias que padecen en carne propia la grave crisis por desapariciones que atraviesa Jalisco y por estas razones no debe reprimirse ni criminalizarse las protestas de quienes no tienen privilegios ni contactos con los gobernantes como sí los tienen los de arriba.
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