Dejar Puente Grande… por la Puerta Grande
José Guadalupe N, 33 años, es un secuestrador, narcomenudista y miembro del Cártel Nueva Generación que superó a El Chapo con su fuga del penal de Puente Grande, Jalisco.
El ahora ex reo salió caminando el 21 de diciembre de 2021 del Reclusorio Metropolitano de Jalisco acompañado de un falso abogado, gracias a una orden de liberación falsa, producto de una sentencia absolutoria falsa y otros documentos… también falsos.
José Guadalupe N cumplía desde 2014 una condena por secuestro agravado, privación ilegal de la libertad y distribución de narcóticos. Junto con 10 cómplices, lo arrestaron vinculado al plagio y asesinato de siete jóvenes en Lagos de Moreno.
El evento, un escándalo, salió a la luz pública hasta ayer (casi dos meses después) gracias a la pregunta de un reportero. El Fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez, informó sólo generalidades: indagan la complicidad de «algunas personas», se falsificaron documentos, algunas firmas, pero ni un detenido o responsable. «Si ustedes se dan cuenta», matizó el funcionario, «difícilmente tenemos eventos reiterados de este tipo y cuando se generan tenemos que investigar».
Van algunas consideraciones para dudar de esto último. Sabemos que las firmas de la juez y el secretario del juzgado fueron falsificadas. También que la Coordinadora Jurídica del reclusorio ya no regresó a trabajar después de la liberación ilegal. Este proceso lleno de firmas y oficios se explica porque el caso se juzgó en el antiguo sistema penal, en donde el papeleo burocrático es infernal.
No hay forma de que esto ocurra sin el respaldo de una red de complicidades al interior del sistema penitenciario estatal. La lógica dice que un organismo que se corrompe una vez, se corrompe dos veces si no se aplican medidas correctivas.
La alta rotación de los custodios en el penal estatal, por ejemplo, propicia las mafias e intercambios de favores con los reos. Este fenómeno, según me comenta una fuente, es muy común en los penales a cargo de las entidades, no así en los federales. Si a eso sumamos procesos laxos de control y evaluación del personal, se configura un escenario de riesgos para que esto vuelva a ocurrir.
Pero, ¿y si ha ocurrido antes? ¿Podría ser una práctica recurrente? Con los elementos planteados, ¿te parece, lector, una hipótesis viable?
El fiscal estatal rechazó que estos eventos fueran reiterados (nadie le solicitó esa precisión). La falta de avances y la opacidad en el manejo del caso no parecen un buen punto de partida para concluir que todo está bajo control de las autoridades y no de los delincuentes.