De tendederos y violencia vicaria
¿Cómo sería la vida de las madres en México si las leyes las protegieran para no sufrir violencia vicaria? ¿Estamos acostumbrados a escucharla? Quizá porque no lo estamos pasamos por alto las múltiples violencias a las que están expuestas las mujeres que día a día tienen que “malabarear” una vida en la que son piedra angular para el desarrollo de sus hijos y lidiar con la ausencia del padre, ya sea porque se alejó de ellos o porque nunca quiso reconocerlos.
Hace apenas unos años que el concepto se incluyó en la agenda pública e ingresó a los congresos estatales de la mano de dos leyes que poco a poco se han abierto camino: la Ley Sabina, que promueve la activista Diana Luz Vázquez Ruiz, en primera instancia pensando en el bienestar de su hija y el reconocimiento del padre de su pequeña Sabina, y a su vez para proteger a las infancias en México para que el Estado garantice que los padres cumplan con la manutención que por ley les corresponde a los menores.
Tocar las puertas en los congresos no ha servido de mucho hasta ahora, pues no es una ley obligada en todas las entidades del país y cuando mucho se ha logrado abrir un Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos; sin embargo, al no ser un registro público y que como tal los lleve a un buró de crédito, por ejemplo, o que congele cuentas y bienes, es susceptible de ignorarlo, se mantiene en bajo perfil. Pero para visibilizar esa situación están las activistas que a través de los “tendederos colectivos” han logrado mejores resultados que los juzgados, pues evidencian el incumplimiento de los padres. ¿Se imaginan salir a la calle y encontrar a todo color la imagen de un vecino evidenciado como un padre irresponsable y deudor? La exhibición pública surte efecto inmediato.
Lamentablemente el proceso que garantiza la pensión alimenticia para los infantes suele ser muy desgastante, ya que revictimiza la condición de las madres quienes, en muchos casos, desisten del mismo por el deterioro emocional y la inversión en concepto legal que no pueden solventar, pues no siempre se observan con perspectiva de género los casos y terminan desestimándose, desprotegiendo a los niños.
Con mayor gravedad se incluye dentro de la violencia vicaria la sustracción de los menores por parte del padre por el simple hecho de poder hacerlo, arrebatarlos de los brazos de su madre, para generarle dolor a su ex pareja; es por ello que la Ley Camila vigila la integridad de los niños en su primera infancia y pugna para que ninguna madre sufra una violencia como la que vivió Cynthia, a quien le arrebataron a su pequeña cuando tenía sólo cuatro meses, y ocho años después el retorno de Camila, por quien la ley lleva el nombre, seguía en pugna.
Cabe mencionar que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes no ignora la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, reconociendo el derecho a la maternidad y paternidad; sin embargo romper el vínculo entre un niño y su madre es el más alto grado de violencia vicaria.
Olimpia, Sabina, Camila… ¿Cuántas mujeres que han sido víctimas de violencia nos hacen falta para que las autoridades vean las deficiencias en los códigos penales para protegerlas a ellas y a sus hijos? Espero que no muchas más y que la perspectiva de género permita que cada caso vele por ellas y por las infancias en México. Pero para muestra un botón: considerando que sólo una ínfima parte del presupuesto de 348 mil millones de pesos, asignado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres se destinará a refugios y programas de prevención y atención a las violencias machistas, el panorama no se vislumbra muy positivo este 2023, menos aun si el Plan B de la reforma electoral deja a consideración interna de los partidos el principio de paridad, por lo que no será obligatoria la postulación de mujeres a sus candidaturas. Es por ello que este año que inicia augura una alta actividad de las colectivas para incidir en las agendas públicas.
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