“¡Crucificadle…!”
No sólo en el caso de Rosario Robles: en los de la gran mayoría de los ciudadanos que han desempeñado cargos públicos en este país, si mediante una encuesta se pusiera a consideración de la vox pópuli si, en su opinión, dichos ciudadanos habían ejercido dichos cargos con absoluta honradez o si, por el contrario, los habían aprovechado para medrar de manera ventajosa, deshonesta e ilegal en su beneficio, lo más probable es que la segunda opción se impondría por abrumadora mayoría.
Para el ciudadano común, decir funcionario público es decir ratero. Las honrosas excepciones que pudieran encontrarse, en todo caso, servirían precisamente para confirmar la regla.
-II-
Contra Rosario Robles -ex jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal y posteriormente secretaria de Desarrollo Social y luego de Desarrollo Agrario-, la Fiscalía General de la República abrió un expediente orientado a procesarla por lo que ambiguamente se denomina “ejercicio indebido del servicio público”. Más concretamente, por haber formado parte de una trama de complicidades que desvió recursos públicos por 7,760 millones de pesos.
Dicha trama -llamada “La Estafa Maestra” al difundirse una investigación periodística de “Animal Político” y “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”- consistía en hacer desaparecer recursos públicos mediante un esquema de triangulaciones entre dependencias gubernamentales, universidades públicas, medios de comunicación y alrededor de cincuenta empresas fantasma. La Auditoría Superior de la Federación, encargada de fiscalizar los gastos del Gobierno, de hecho, interpuso 32 denuncias penales por “irregularidades” que pudieran constituir delitos.
-III-
A reserva de que se subsanen las “violaciones al debido proceso” de que se queja la imputada, y de que el mismo se desarrolle -cual debería ser en un Estado de Derecho propiamente dicho- a partir de la presunción de inocencia y no de la condena a priori, por aclamación, en las redes sociales, el asunto, en todo caso, remite a la anécdota según la cual el diputado Luis Cabrera, que había sido Secretario de Hacienda en el gobierno de Venustiano Carranza, en plena sesión de la Cámara Baja, acusó de ratero -así, con todas sus letras- a otro legislador.
El aludido pidió hacer uso de la palabra “para responder a las alusiones personales”, y culminó su intervención con una exigencia:
-¡Pruebas, pruebas…!
Cabrera, que además de tener fama de honesto era un maestro de la ironía, regresó a la tribuna para poner la cereza en el helado:
-Diputado -dijo sentenciosamente-, lo estoy acusando de ratero, no de tarugo…