Crisis y especulación inmobiliaria
La Zona Metropolitana de Guadalajara es un caos, es un sistema urbano en crisis. La mayoría de sus servicios o no funcionan o funcionan inadecuadamente: agua, drenaje, seguridad de las personas, recolección de basura, movilidad y transporte público, alumbrado, bibliotecas y centros culturales. En estiaje falta el agua, en el temporal se generan peligrosas inundaciones, la coordinación de los semáforos brilla por su ausencia, lo que convierte a las calles en un embotellamiento permanente y encontrar protección ante un asalto es una misión imposible.
Pero quizá nada pinta mejor el caos y crisis del sistema urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara que su sistema de producción y distribución de vivienda. No quiero decir “mercado de la vivienda” porque ese es el meollo del problema: un derecho esencial como tener un techo digno, que el Estado ha dejado en manos del mercado, en manos de corporaciones establecidas para obtener beneficios y jugosas ganancias de la inversión de sus capitales y no para satisfacer necesidades y garantizar derechos.
La satisfacción de un derecho esencial, como es el de que todas las personas tengamos un techo digno donde dormir, debería ser una prioridad social y común y no un jugoso negocio para unas cuentas corporaciones e inversores capitalistas.
La renuncia del Estado mexicano y de los gobiernos estatales a procurar un sistema de producción y distribución de vivienda desde la lógica de satisfacer necesidades y un derecho esencial es no sólo una de las muestras más exacerbadas del capitalismo neoliberal, sino una política de mercado criminal por las consecuencias nefastas y desastrosas que producen en la vida cotidiana de millones de personas.
Dejar la satisfacción de la vivienda a las corporaciones, al mercado capitalista especulativo, ha producido una construcción de la ciudad que nos ha traído al caos y a la crisis de vivienda que ahora vivimos en las principales urbes del país, en las que destaca la Zona Metropolitana de Guadalajara por su pésima calidad de vida.
Para empezar los gobiernos de todos los partidos y todos los colores han renunciado a satisfacer el derecho a la vivienda con los recursos colectivos que produce la sociedad y que se gastan a través de los presupuestos públicos. Se ha creado un mercado inmobiliario que se satisface a través de los créditos bancarios y de las corporaciones inmobiliarias.
El acceso a la vivienda está completamente condicionado según la clase social a la que se pertenezca. A la clase obrera, que gana entre uno y tres salarios, se le condena a las viviendas de “interés social” que de interés social no tienen nada, pues se orilla a las familias de esta clase social a comprar las casas más baratas (250 mil pesos) en los nuevos territorios urbanizados de la periferia, alejados del Centro Histórico, con materiales de baja calidad y servicios deficientes.
Pero la especulación inmobiliaria, la gentrificación y el fenómeno de la financiarización de la vivienda han hecho inaccesibles las construcciones céntricas para 90 por ciento de quienes aspiran a una vivienda céntrica. De acuerdo a los profesionales de la vivienda, el costo promedio de una casa o departamento en Guadalajara es de seis millones de pesos. Quien aspire a un crédito hipotecario para acceder a una vivienda de este precio, debe comprobar ingresos por al menos 154 mil pesos mensuales, es decir un ingreso de 30 salarios mínimos mensuales (SMM) y pagar una hipoteca mensual de 57 mil pesos. Ni un diputado local, con sus altos sueldos, podría acceder a una vivienda de este precio. A menos que tenga negocios al amparo del poder público, como sí lo hacen muchos legisladores.
Una vivienda de mitad de este precio, se puede adquirir en zonas alejadas del Centro, pero no en la periférica. Para acceder a un crédito de tres millones de pesos se deben comprobar ingresos de al menos 81 mil pesos mensuales (estos sí accesibles a los diputados que no roben) y pagar un hipoteca mensual de 29 mil 500 pesos.
En Jalisco el salario promedio ante el IMSS es de cinco mil 640 pesos al mes, según estadísticas de Data México, lo que revela que la mayoría de la población apenas puede aspirar a una vivienda de las mal llamadas de “interés social”, aquellas que más sufrimientos y malestares dejan a sus habitantes.
Este caos inmobiliario que ha producido un sistema urbano en crisis no es un asunto del destino y menos un designio divino, sino responsabilidad de los gobiernos de distintos partidos y colores que han propiciado, permitido y se han beneficiado de este mercado inmobiliario aceitado por la corrupción y que tantos dolores y sufrimientos dejan a la mayoría de la población. Es urgente detener y cambiar esta criminal política de vivienda.