Contralora atrapada A Toda Máquina
En espera de que el Instituto de Transparencia cumpla con su trabajo y desclasifique la información de la investigación por las presuntas irregularidades y la presencia de un eventual conflicto de interés en la multimillonaria licitación para el arrendamiento de maquinaria pesada que hizo el gobierno de Enrique Alfaro al inicio de su sexenio, tras el análisis que haga de los motivos que argumentó la contralora Teresa Brito para reservar lo que va de ese expediente por un plazo de cinco años o hasta que haya una sentencia definitiva, lo que podemos decir es que esa determinación dejó muy mal parada a la titular de esa dependencia, que es parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
De entrada, con esta respuesta que la Contraloría del Estado dio a una solicitud de información que sobre este tema hizo la periodista Sonia Serrano, en el sentido que Eduardo Enrique Macías Sedano, director del Área de Responsabilidades y de lo Contencioso, dictó “la reserva de los expedientes 008/2019-A, 009/2019-A, 010/2019-A y 011/2019-A” por considerar que se atenta contra el interés público y por “el daño o el riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la información supera el interés público general de conocer la información” (sic), así como por considerar que “podría causar un grave daño a la imagen pública de la institución”, la contralora incumple con la instrucción que le dio su propio jefe, el gobernador, cuando a principios de abril de 2019 le pidió revisar la licitación del programa A Toda Máquina y transparentar toda la documentación del caso.
De hecho, cuando llegó a la Contraloría, en aquel momento, la primera impugnación de uno de los que pujó por esta licitación, y que la consideró ilegalmente hecha a la medida del empresario Guillermo Romo, quien ganó el contrato por más de 3 mil 600 millones de pesos, y quien acompañó al gobernador, en primera fila, al juego de Los Lakers, en Los Ángeles, California, comenté aquí que Brito estaba ante uno de sus mayores retos profesionales y que pondría a prueba su carácter y la buena reputación que había mentenido en su larga trayectoria en temas de fiscalización, misma que le valió ser la única funcionaria del gobierno de Aristóteles Sandoval que ratificó Alfaro.
Escribí también en aquella ocasión que todas las dependencias que integran el SEA y desde la sociedad se debía arropar a la contralora para blindarla de las presiones que seguramente tendría por la gravedad del caso y que empezaron a ser evidentes en mayo del 2019 cuando se emitió un inacostumbrado boletín de la Contraloría que aseguraba que la investigación no comprometía “el resultado mismo de la licitación” ni afectaba “la validez del contrato”, ya que sólo había faltas administrativas de tres servidores públicos de la Secretaría de Administración, de los que no dieron a conocer sus nombres ni precisaron las irrregularidades cometidas ni sus penalidades.
Ojalá esas presiones no vuelvan a influir para impedir que el ITEI desclasifique estos expedientes o para que el Comité de Participación Social del SEA no se pronuncie contra la determinación de la Contraloría que constituye un duro golpe a la credibilidad de Sistema Estatal Anticorrupción.
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