Congreso dorado: mil millones para engordar burocracia
Hay una razón de altísimo peso por la cual se dibuja una sonrisa en el rostro de cada candidata o candidato al Congreso del Estado cuando le anuncian que logró la mayoría de votos. Al rendir protesta, cada uno de los 38 legisladores que tenemos en Jalisco sabe que se convertirá en millonario.
Sin importar si hay vocación de servicio, si hay una intención legítima de echar a andar el engranaje legislativo o usar el pleno para agarrarse a golpes a lo Enrique Aubry, cada diputado nos cuesta a los jaliscienses tres millones 926 mil 511 pesos con 36 centavos.
Eso, multiplicado por 38, escala a los 149 millones 207 mil pesos. Y aquí no contamos prestaciones extraordinarias como el aguinaldo, que también llega con muchos ceros a la derecha.
Seguramente, el o la diputada que se sientan agraviados por estas cifras afirmarán que eso no es lo que sacan del banco; que a ellos les reducen montos porque, como cada mexicano con ingresos dentro del marco de la ley, pagan impuestos. De igual forma, su ganancia neta por los tres años de labor legislativa es de casi dos millones y medio de pesos.
Como dije: la elección los hace millonarios. De ahí la sonrisa enorme cuando la ganan.
Estas matemáticas vienen a colación porque la Comisión de Administración y Planeación Legislativa aprobó el anteproyecto del Presupuesto 2025, y la intención es heredar un plato hondo para que los sucesores -reelectos o recién desempaquetados- se mantengan dentro de la clase dorada a la que el ciudadano promedio no podrá aspirar jamás.
Así, sin tantita pena, el Congreso local pretende gastar mil 018 millones de pesos para 2025, y lo peor es que nueve de cada 10 de esos pesos están proyectados para la burocracia.
Imagínate: mil millones de pesos para que 38 personas legislen.
Porque sí, en el Legislativo hay funcionarios que se la rompen para hacer funcionar ese edificio eternamente cercado, pero también es cierto que los mayores beneficios son para quienes llegan en pijama, estacionan a doble fila y checan su ingreso para después regresar a casa a dormir y ser bonitos.
Quienes sí se levantan temprano para ir a trabajar saben perfectamente que hay muchos en la nómina, pero cuyo rostro desconocen porque tienen el privilegio de conocer al funcionario correcto.
Y luego están los que “donan” una parte de su sueldo para mantenerse en la estadística dorada que mantiene al Poder Legislativo en el sótano de la popularidad ciudadana.
Es cierto que esos mil 018 millones de pesos son apenas un anteproyecto de gasto que aún debe ser autorizado por el pleno del Poder Legislativo, tener el visto bueno del Gobierno del Estado y, con la firma correcta, quedar integrado en el Presupuesto de Egresos 2025.
Y de verdad no habría problema en que un órgano público con una jurisdicción tan alta como el Legislativo reciba recursos millonarios… si esa cifra se desquitara. Pero la realidad es que esta y las últimas legislaturas han quedado a deber en serio.
Es más: el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que se hizo el año pasado, y que concluyó que el Congreso de Jalisco funcionaría mejor sin 600 trabajadores por el desorden y la disparidad de sueldos, sirvió de nada. Se gastaron una feria en él y ni se adelgazó la nómina ni se puso orden a los sueldos.
Con ese antecedente a cuestas, no es posible pretextar que un presupuesto tan elevado a un cuerpo legislativo se justifique. Por el contrario, habla de una desconexión entre la clase política y las necesidades reales de la población. Las mediciones no se equivocan y revelan que la sociedad ve a las y los legisladores más enfocados en preservar sus privilegios que en cumplir con su deber.
Y con opacidad y falta de rendición de cuentas como sello de la casa, la confianza en las instituciones públicas se socava. Irremediablemente, la percepción es que el Congreso opera bajo un esquema de corrupción y clientelismo, donde -Mónica Magaña dixit- el dinero de las personas se utiliza para mantener lealtades políticas y redes de influencia.
Ahí están los múltiples casos de cuates y cuotas que ya son una horrible costumbre que libera al Kraken del vituperio, pero que a las y los diputados tiene sin cuidado.
Mientras una gran parte de la población en Jalisco encara serias dificultades económicas, el que una institución gubernamental destine cantidades obscenas a sueldos sin generar cambios significativos, aumenta la desigualdad y el descontento social. Y si las y los diputados se burlan de nosotros, la respuesta de los jaliscienses pasa de la indignación al hartazgo.
Legislatura tras Legislatura, la deslegitimación del Congreso crece. Y conforme las administraciones pasan, los diputados y sus proyecciones multimillonarias para no dar resultados nos llevan a la apatía, el rechazo y el debilitamiento de nuestra confianza en las instituciones.
En suma, ni mil millones ni la mitad de ese monto. El Congreso, como el transporte público, merece la proporcionalidad de fondos respecto al servicio que sus más de mil empleados nos entregan. Es cuanto.
isaac.deloza@informador.com.mx