Conflictos y ataques a la elección en Jalisco
La contienda por la gubernatura en Jalisco entró en una etapa crítica de riesgosas confrontaciones, y con varios frentes. Apenas en la entrega anterior de Palestra, se apuntaba el riesgo de que esta elección termine en los tribunales y con la denuncia de fraude. Al paso de los días y con los hechos suscitados recientemente, esta sospecha se refuerza.
Ayer mismo, el candidato a senador de la coalición encabezada por Morena, Carlos Lomelí, reclamó que sean destituidos los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). Su reclamo es una nueva arremetida contra la autoridad electoral, que además ya fue acusada de sostener una alianza ilegal con el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus Navarro.
Justo después del debate que se realizó en Puerto Vallarta el pasado 4 de mayo, se hizo público un comunicado del equipo de campaña de la candidata Claudia Delgadillo González en el que se acusó que el IEPC borró parte del video del debate por la gubernatura, publicado en su página de YouTube, para favorecer a Lemus Navarro. Se detalló que habían eliminado los momentos en los que el candidato emecista se refirió a las dos candidatas como “hijas” de Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, dirigente nacional del PRI.
El equipo de campaña de Claudia Delgadillo ha reiterado sus acusaciones contra el Instituto Electoral, e insiste en que la institución organizadora de las elecciones trabaja para favorecer a Lemus Navarro.
Las diferentes señales se suman para aumentar la presión sobre la autoridad electoral.
En las tres semanas que restan antes de la jornada electoral del 2 de junio, bien podría armarse la estrategia discursiva sobre un presunto fraude electoral en gestación. Demostrarlo sería muy complicado, pero difundir en las redes sociales esta versión sí podría modificar la intención de voto de muchos ciudadanos.
Y aunque ya se cuenta con una estructura judicial (tribunal estatal y tribunal federal) que puede resolver un reclamo de esta naturaleza, el riesgo para la gobernabilidad es evidente.
En un giro adicional de los conflictos que afectan el proceso electoral, sea o no circunstancial, la candidata a gobernadora de la coalición PAN-PRI-PRD, Laura Haro Ramírez, anunció en el debate antes apuntado su determinación de acudir a las autoridades para presentar una queja y acusar a Lemus Navarro de violencia política en razón de género, para que le sea retirada su candidatura.
Obviamente, la candidata Haro tiene pleno derecho de defenderse y acudir a la autoridad ante el agravio que, argumenta, le ha causado el candidato de Movimiento Ciudadano. Además de la queja y la intervención del Instituto Electoral en primera instancia, la candidata deberá probar que fue víctima de la violencia que acusa.
Si el proceso fuese admitido, el daño caería directamente sobre el acusado, pero también habría un nuevo conflicto sobre la elección que, igual al caso anterior, terminaría por socavar la estabilidad estatal.
Irónicamente, el Instituto Electoral convocó el pasado 29 de abril a la firma de un acuerdo de civilidad al que invitó a todos los partidos políticos y a los candidatos a la gubernatura. En el evento hubo representación de universidades, cúpulas empresariales, medios de comunicación y sociedad civil. Entre los varios puntos del acuerdo, figuraba el compromiso de respetar las reglas.
No alcanzó a transcurrir ni una semana, antes de que el acuerdo, por más que haya sido aplaudido, quedara superado por los hechos y los conflictos en la elección. El riesgo es real.