Con rostro de mujer
La violencia en México tiene rostro y nombre de mujer: Ley Olimpia, Ley Malena, Ley Sabina, Ley Camila, Ley Monzón… cada una lleva el nombre de las víctimas; detrás están sus historias y las de miles de mujeres más; son historias de violencia y muchas también de sobrevivencia.
Estas no son leyes como tal, sino conjuntos de reformas legislativas para que se reconozcan y se castiguen los distintos tipos violencia que a diario se ejercen contra las mujeres. Cada una ha sido impulsada por las propias víctimas y sus familias, arropadas y acompañadas por activistas, colectivos y defensoras de derechos humanos. Y en un país donde a diario asesinan, en promedio, a nueve mujeres, lo que se busca, sobre todo, es que se garantice la protección de todas.
Una de las primeras fue la Ley Olimpia, en contra del acoso y la violencia digital. Lleva ese nombre por Olimpia Coral Melo, de Puebla, quien comenzó la lucha luego de que en el 2014 se difundiera -cobardemente y sin su consentimiento- un vídeo íntimo suyo en redes sociales. A raíz de ello, la joven fue víctima de acoso y hostigamiento.
Hoy en México, gracias a esa lucha, la violencia sexual digital se castiga con hasta 6 años de cárcel, y comete este delito quien distribuya cualquier material de contenido sexual (vídeos, fotos, audios) sin consentimiento de la persona que lo protagoniza. Estas agresiones violan el derecho a la privacidad y han ocasionado el suicidio de algunas víctimas.
La Ley Sabina nació para obligar a aquellos padres desentendidos a cubrir la pensión alimenticia de sus hijos e hijas (alimentos, vestido, habitación, atención médica y recreación de las y los menores). Lleva el nombre de la hija de Diana Luz Vázquez, una madre oaxaqueña que comenzó convocando los “tendederos de deudores alimentarios”, para exhibir en plazas públicas -con fotos y nombres- a los papás que dejaron totalmente la responsabilidad de los gastos y el cuidado a las mamás.
Así surgió la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que incluye a quienes incumplan por 90 días con la pensión de sus hijos e hijas; además de impedirles tramitar documentos como la licencia de conducir, el pasaporte o su INE. El registro y actualización de los deudores ha ido avanzando poco a poco en cada Estado.
Con la Ley Malena se logró hasta 30 años de prisión a quien agreda a una mujer con ácido o sustancias químicas o corrosivas; tipificándola como feminicidio o tentativa de feminicidio (si la mujer logra sobrevivir). Es la llamada violencia ácida, una de las peores del mundo, que deja a las víctimas con daños psicológicos y físicos de por vida, además de los serios problemas económicos para costear las decenas de cirugías y tratamientos que requieren.
La Ley Malena ha sido impulsada por la saxofonista María Elena Ríos, atacada en el 2019 con ácido en cara y 80% del cuerpo; el exdiputado y empresario Juan Antonio Vera Carrizal, ex pareja sentimental, es señalado como el autor intelectual y está preso desde 2020.
La Ley Monzón surgió también en Puebla, tras el asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, en el 2022; su ex pareja y papá de su hijo fue señalado como el autor intelectual del homicidio. Las reformas son para suspender la patria potestad a posibles padres feminicidas y retirarle la custodia si se confirma el delito; con ello, se evita que los menores queden bajo el cuidado de quienes cometieron el crimen.
La Ley Camila lleva el nombre de la hija de Cynthia Bravo, una mujer que lleva años de litigio tratando de recuperar a la pequeña, a la que se llevó su papá. Las reformas buscan frenar la sustracción ilegal de infantes por parte de sus padres y que se reconozca el vínculo materno filial, como un derecho de cada menor; además de evitar la violencia vicaria, que consiste en utilizar a los infantes para herir, controlar o hacer sufrir a la mamá, sea pareja o ex pareja.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó esta semana una serie de reformas constitucionales para garantizar los derechos y protección de las mexicanas, entre ellas menciona la llamada “Ley Olimpia” y la “Ley Vicaria”. Sirvan estas propuestas también como reconocimiento a cada mujer que ha convertido su dolor en lucha, una lucha de todas. Porque la violencia en México tiene rostro y nombre de mujer, pero también de valentía porque, aún pese al miedo, han alzado la voz, en un sistema judicial patriarcal que durante siglos les ha beneficiado a ellos y ha puesto a cada una en desventaja, con esa impunidad que debe detenerse.
Es tiempo de que el rostro de mujer tenga ya otros sinónimos, marcando una diferencia desde las instituciones y como parte de una transformación en beneficio de las mexicanas, de las niñas y los niños, y de todas las familias de nuestro país.